CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN c/ FERNANDEZ LUCIA ALBA s/ COBRO ORDINARIO DE PESOS

¿Quién es el actor?

CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN.

¿A quién se demanda?

LUCÍA ALBA FERNÁNDEZ (DNI 4.219.184, CUIT 27-04219184-7).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ordinario de pesos por $2.999.203,34 (capital e intereses) por deudas derivadas de ajustes de retenciones impositivas sobre liquidación de comisiones por explotación de agencia de quiniela; y se solicitó embargo preventivo sobre todos los bienes y fondos de la demandada.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación, se revocó la resolución de fecha 07/04/2022 que negó la cautelar y se trabó embargo preventivo hasta $2.999.203,34 para responder por capital e intereses más $1.000.000 para acrecidas provisorias; se ordenó notificación al Banco Central para comunicación “D” a entidades bancarias y deposito en Banco Macro S.A., Suc. Tribunales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El caso bajo examen es un cobro ordinario de pesos dentro del cual se ha requerido la cautelar presentando una certificación de deuda suscripta por el Gerente General y el Contador General (int.) de la entidad, por lo que es claro que no estamos frente a un crédito exigible de los enumerados en los arts. 484 y ss. del CPCC que regulan la cobranza judicial por la vía ejecutiva, de modo que a primera vista no correspondería la aplicación del inc. g) que la actora invoca en sustento de su pretensión cautelar y el análisis de los presupuestos de admisibilidad de las cautelares debería realizarse en base a los principios establecidos en los arts. 218 / 233 y ccdtes. del CPCC."

"Por tanto, constituyendo el certificado de deuda del art. 233 Ley 5115 un instrumento público en la medida que refleje la deuda y esté suscripto por los funcionarios públicos habilitados para ello debemos concluir que en este proceso la medida cautelar debe concederse en tanto que conforme lo normado por el art. 233 inc. 1°) se presume que concurren los extremos de verosimilitud del derecho invocado, el peligro de su frustración y la razón de urgencia de la medida."

"Al estar así prevista en nuestra legislación procesal una medida cautelar que puede ser requerida por la entidad autárquica estatal presuntamente acreedora solo con la presentación de una certificación de deuda emitida de acuerdo con las normas legales, el magistrado debe despachar la medida requerida a tenor de la norma aplicable al caso pues los magistrados están obligados a aplicar la ley que decide el caso."

¿Cómo votaron los jueces?

El fallo decisorio se expresa en el bloque RESOLVEMOS que hace lugar al recurso y ordena la traba del embargo; no consta disidencia en el texto que integre la mayoría que adopta esa resolución.