DEL VALLE JOAQUIN c/ PONCE SILA JOSEFA s/ REIVINDICACION

¿Quién es el actor?

Joaquín Del Valle (LE 4419017).

¿A quién se demanda?

Sila Josefa Ponce y/o cualquier otro ocupante del predio; intervino como tercera interesada María Bartolina Ortiz (LC 06634431).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reivindicación de inmueble sito en calle España N° 30, ciudad de Monteros; se discutió posesión y prescripción adquisitiva.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán declaró inadmisible (mal concedido) el recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia de la Cámara que hizo lugar a la prescripción adquisitiva planteada por la tercera interesada y rechazó la demanda de reivindicación; se impusieron las costas al recurrente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Adelanto que el recurso incoado resulta inadmisible al no superar las vallas formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria. Pues si bien ha sido interpuesto dentro del plazo legal, se dirige contra una sentencia definitiva, se verifica el cumplimiento del requisito de depósito y el escrito se basta a sí mismo; a pesar de los esfuerzos argumentativos del recurrente por plantear los agravios como una cuestión jurídica susceptible de análisis en esta instancia extraordinaria, el libelo casatorio remite a los hechos y pruebas que integran la plataforma fáctica del caso y a su valoración efectuada por el Tribunal de mérito, cuyo tratamiento le está vedado a esta Corte.

Como es sabido, la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia y no está en la esfera de sus poderes valorar la prueba, ni juzgar los motivos que formaron la convicción de la Cámara porque este recurso se concede solamente contra la sentencia cuya injusticia provenga de un error de derecho, excluyendo el error de la determinación de las circunstancias de hecho del caso sometido a juicio. Puesto que, a través de este recurso, no se procura revisar la justicia material de las sentencias de tribunales de grado, sino el restablecimiento del imperio de la ley a través de la correcta hermenéutica por consideraciones de interés público, vinculados con la seguridad jurídica, por sobre los intereses de las partes en un litigio singular (CS, San Luís, 19/3/2018, “Díaz, Javier E. c/ Prevención Aseguradora s/ Riesgos del Trabajo S.A. s/ Recurso de casación”, La Ley, cita online: AR/JUR/14057/2018)."

"En definitiva, no se advierte que el sentenciante haya incurrido en violación de normas de derecho ni que haya valorado infundadamente las pruebas ni realizado un análisis parcializado de las mismas, ni que exista absurdidad en el razonamiento sentencial o manifiesta arbitrariedad, lo que sella la inadmisibilidad de este agravio."

Adicionalmente, la Corte explicó:

"En el caso no se advierte violación de normas de derecho por parte del Tribunal de mérito, ni que se haya concretado arbitrariedad o auto contradicción. Nuestras reglas procesales en la materia, no adoptan un criterio matemático de distribución de costas, sino que disponen que el juez merituará 'prudencialmente', lo que implica una valoración de las circunstancias de la causa conforme a las reglas de la sana crítica; no advirtiéndose que -en dicha valoración- la sentencia hubiere incurrido en arbitrariedad o inequidad manifiesta. En este punto el agravio deviene inadmisible."

¿Cómo votaron los jueces?

unanimidad de los tres vocales (Estofán, Posse y Leiva). No hubo disidencia planteada.