CAMPERO PABLO WALTER GUSTAVO c/ POPULART ART CAJA POPULAR DE AHORROS DE TUCUMAN (ART) s/ AMPARO INFORMATIVO

¿Quién es el actor?

Pablo Walter Gustavo Campero.

¿A quién se demanda?

POPULART ART Caja Popular de Ahorros de Tucumán (ART).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo informativo (habeas data) para acceder a "la totalidad de estudios o documentos médicos vinculados con el siniestro N°52668" y "todo otro dato referido a su persona que consten en registros, archivos escritos, electrónicos y/o informáticos", especialmente exámenes ocupacionales y estudios de columna y miembros.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la sentencia de fecha 13/2/2017 que hizo lugar al amparo informativo; se negó lugar al recurso de apelación interpuesto por la ART; costas por la regla objetiva de la derrota; se reservaron honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"4.- El art. 43 tercer párrafo de la Constitución Nacional consagra entre los tipos constitucionales mínimos de hábeas data, el que la doctrina denomina hábeas data exhibitorio, o simplemente “informador”, por el que se procura averiguar lo que conste de una persona en el banco de datos, o sea, “tomar conocimiento de los datos a ella referidos”. El objetivo de esta especie de hábeas data, contemplado en el art. 33 inc. a) de la ley Nº 25.326, es tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes, y de la finalidad de aquellos.” A su vez, el art. 67 del Código Procesal Constitucional de la provincia legisla el amparo informativo, previsto para obtener “una orden judicial para conocer las informaciones relativas a su persona que consten en registros o bancos de datos de entidades públicas, o privadas destinadas a proveer informes sobre el destino, uso o finalidad dado a esa información; …”. En términos similares, el art. 1 de la ley 25326 indica que su objeto es la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamientos de datos, sean estos públicos o privados destinados a dar informes.

Por vía de la acción intentada, el actor persigue tomar conocimiento de los datos referidos a su salud que consten en registros de la demandada. En esta fase del proceso, que surge del 43 de la Constitución Nacional, el objetivo es acceder a esa información referida a un derecho personalísimo, en los términos planteados primero en el telegrama colacionado y luego en sede judicial."

"5.- Este Tribunal resulta competente para entender en el presente proceso en virtud de lo resuelto por la Excma. Corte de Justicia de Tucumán “in re”: “Albarracín, Ramón Armando c/ MAPFRE S.A. ART s/ Amparo, sentencia N° 696, del 21/7/2015”.

Sentado ello, compete a este órgano jurisdiccional verificar si el amparista ha ejercido adecuadamente su derecho, y si la demandada proporcionó la información que le es reclamada. Conforme ha sido trabada la litis, y considerando el contenido del informe emitido en los términos del art.21 del CPC de la provincia, estimo la Caja Popular de Ahorros ha incumplido de manera injustificada con el requerimiento efectuado.

El art. 14 de la Ley 25.326 dispone que 'El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes'. Se ha expresado al respecto, que 'una vez formalizado este pedido, el responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o evacuado el informe, si éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de datos personales' (cfr. Palazzi, “Informes comerciales”, pg. 249)."

"De las constancias de autos resulta que la demandada ha asumido una posición meramente formal o ritual al presentar el informe y luego, al expresar agravios. Con el argumento de que el actor no probó estar expuesto a un agente de riesgo en su lugar de trabajo, insiste en que no le resulta aplicable la normativa que exige la realización de exámenes periódicos con fines preventivos de enfermedades laborales. Además, sin dar mayores explicaciones, aseveró que su parte no tiene obligación de realizar los exámenes de ingreso y egreso. Sin embargo, en las dos oportunidades referenciadas, la propia aseguradora ha reconocido que obra en su poder documentación referida al estado de salud del actor. Por eso, con independencia del contenido de esa información y sin pretender extraer consecuencias de ello en orden al cumplimiento, o no, de las obligaciones legales que pudieren pesar sobre la aseguradora, ésta deberá brindar al Sr. Campero toda la información que conste en sus registros.

Cabe tener presente que el trabajador es un sujeto de preferente tutela judicial, y que la información requerida involucra directamente el derecho a la salud y a la integridad física del Sr. Campero, que han sido reconocidos como valor y como derecho humano fundamental por diversos Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Consititución Nacional). Asimismo, la Constitución de Tucumán asegura el goce de un derecho a la integridad psicofísica (art. 35), y el Código Civil y Comercial de la Nación regula ambos derechos como personalísimos en el Capítulo 3, es decir como derechos subjetivos que le pertenecen por su condición humana y que “se encuentran respecto de ella en una relación de íntima conexión, casi orgánica e integral” (Rivera, Julio C. “Instituciones de derecho civil, Parte General, 5ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, T. I, p. 681).

Por consiguiente, la sentencia apelada se ajusta a derecho al hacer lugar a la demanda, y las eventuales diferencias que pudieran existir entre las partes acerca del contenido de la información no son motivo de discusión en esta etapa del proceso."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante (dos miembros), por lo que la resolución del bloque dispositivo final es la que se ejecuta.