MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN c/ SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN (SAT - SAPEM) s/ COBRO EJECUTIVO

¿Quién es el actor?

Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

¿A quién se demanda?

Sociedad Aguas de Tucumán (SAT - SAPEM).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo de multas municipales (cargos judiciales) por infracciones relacionadas con la conservación/mantenimiento de veredas; ejecución de las sanciones impuestas por el Juzgado de Faltas.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación deducido por la demandada y se confirmó la sentencia de fecha 7 de abril de 2022 que no hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y ordenó la ejecución; costas a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Dicho criterio fue compartido por este Tribunal en otro precedente (sentencia n.° 7 del 05/02/2019), oportunidad en que se sostuvo además que el art. 132 de la Constitución de la Provincia, al consagrar la autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional de los municipios, establece que '...Podrán dictar su Carta Orgánica mediante una Convención convocada por el Intendente en virtud de una norma dictada por la Legislatura. Esta podrá disponer la creación de Tribunales de Faltas previendo las vías recursivas ante el Poder Judicial. La Provincia no podrá vulnerar la autonomía que por esta Constitución se consagra...'."

"Pues bien, las multas que se aplican por contravenciones o infracciones legisladas en el Código de Faltas Municipal, integran el concepto de 'recursos municipales' (conf. art. 54 inc. 7 de la ley n.° 5529), por lo que las boletas expedidas por el juez del Tribunal de Faltas -órgano competente en la especie-, resultan títulos hábiles para proceder por la vía ejecutiva."

"A la luz de lo expuesto, se concluye que los cargos judiciales que dieron origen a las actuaciones, en tanto instrumento público (art. 289 inc. b del CCCN), constituyen título ejecutivo en los términos del art. 485, inc. 1 del CPCC; motivo por el cual, se desestimarán los agravios del recurrente y se confirmará la sentencia en crisis."

Además, el tribunal descartó la excepción basada en la Ordenanza n.º 757/82 (art. 1, inc. c) porque entendió que la normativa excluye infracciones relativas a normas reglamentarias sobre ejecución de obras o prestación de servicios concesionados, mientras que las sanciones en autos responden al poder de policía municipal sobre bienes de dominio público (veredas), citando el art. 53 ley n.º 5529 y el art. 66 del Código Municipal de Faltas.

(No consta voto en disidencia; la resolución final confirma íntegramente la sentencia apelada.)