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Tribunal Superior

RODRIGUEZ FRANCISCO MANUEL c/ GARAY HERRERO MERCEDES s/ DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD. INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS PROMOVIDO POR EL C.P.N. BOLLEA ALCIDES ALBERTO

El perito CPN Alcides Alberto Bollea impugnó la regulación de sus honorarios por labor pericial en una causa de disolución y liquidación de sociedad. La Corte hizo lugar al recurso de casación, casó la sentencia de la Cámara y fijó los honorarios en el 5% de la base regulatoria ($110.571 calculados al 24/11/2010), por no haberse atendido las pautas de la Ley Nº 7.897.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
48176
Honorarios periciales Ley n? 7.897 Ley n? 5.480 Perito contador Disolucion y liquidacion de sociedad Casacion Regulacion de honorarios Base regulatoria Costas $110.571

¿Quién es el actor?

Perito CPN Alcides Alberto Bollea (recurrente en casación).

¿A quién se demanda?

Sentencia apelada dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, Sala I (incidente de regulación de honorarios promovido por el perito contra la resolución que confirmó la regulación).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de la regulación de honorarios del perito por su labor pericial; se alega arbitrariedad por haberse fijado porcentajes exiguos (4% mínimo legal reducido por aplicación de la Ley Nº 5.480) y que debía aplicarse la Ley arancelaria de contadores (Ley Nº 7.897) atendiendo mérito y eficacia de la labor.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de casación; se casó la sentencia recurrida y se dictó sustitutiva fijando los honorarios del perito en el 5% de la base regulatoria, equivalentes a $110.571 (cálculo al 24/11/2010). Se dejaron sin efecto los honorarios regulados en el punto III de la resolutiva anterior y se impusieron costas en instancia de alzada y en esta instancia 50% a cada parte.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

VI.- Según surge de autos, se dictó sentencia de fondo el 11/6/1993 (fs. 58/67) que dispone hacer lugar a la demanda deducida por el actor en contra de la demandada y en consecuencia declara disuelta la sociedad de hecho existente entre los mismos y ordena proceder a la liquidación de la misma en un 50% para cada una de las partes de los bienes allí mencionados, con costas por su orden.

A fs. 4/10 obra pericia presentada por el recurrente en fecha 22/12/2009, la que da cuenta de la labor cumplida por el citado profesional. Si bien en la misma se alude a valuaciones practicadas con anterioridad por otros profesionales, lo cierto es que la misma sirvió para la culminación del presente proceso que data del año 1991, cuya sentencia de fondo es de fecha 11/6/1993. Por las razones dadas y teniendo en cuenta que de haberse cumplido en los autos principales la valuación de los bienes de la sociedad de hecho a repartir entre los socios, no hubiera dado lugar a la disminución arancelaria dispuesta con motivo de la aplicación de los arts. 68 inc. 1 y 44 de la Ley Nº 5.480; que además, efectuados los cálculos pertinentes se advierte que los honorarios impugnados ascienden al porcentaje aproximado del 0,65% de la base regulatoria ($2.211.428,75, al 24/11/2010), equivalente al valor de los bienes peritados, la que no ha sido cuestionada por las partes.

Dadas las particulares circunstancias de la causa antes reseñadas estima el Tribunal que la regulación efectuada en la suma de $14.595,00, equivalente al 0,65% de la base regulatoria -no cuestionada por las partes-, no resulta ajustada a derecho en cuanto no contempla adecuadamente los porcentajes establecidos en el mentado art. 8 de la Ley Nº 7.897, ni las pautas regulatorias del art. 9 de la citada Ley, ni las particularidades del presente caso antes consideradas, por lo que por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por el perito CPN Alcides Alberto Bollea a fs. 138/145 en contra de la sentencia del 30/6/2015 (fs. 129/130 y vta.) dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, Sala I, estableciéndose los honorarios del perito en el 5% de la base regulatoria. En consecuencia, se casa la sentencia recurrida fijándose los honorarios del recurrente en la suma de $110.571, calculada al 24/11/2010, conforme a la siguiente doctrina legal: “No resulta ajustada a derecho la sentencia que regula honorarios al perito contador sin tener en cuenta las particulares circunstancias del caso”, debiéndose dictar sustitutiva.

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de los tres Vocales (Posse preopinante, Estofán y Gandur adhieren).

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