JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

ANTUNEZ DANIEL ARNALDO Y OTROS s/ MEDIDA CAUTELAR

Los actores solicitaron una medida autosatisfactiva (anulación y no inscripción de escritura pública de compraventa). La Cámara rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia de primera instancia por entender que no existe la fuerte probabilidad de legitimidad exigida para medidas autosatisfactivas y que las cuestiones sobre vicios del consentimiento y operaciones superpuestas deben dilucidarse por la vía procedimental ordinaria.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 3 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 3
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
48361
Medida autosatisfactiva Medida cautelar No innovar Verosimilitud Fuerte probabilidad de legitimidad Vicios del consentimiento Escritura publica Notaria Apelacion subsidiaria Urgencia procesal

¿Quién es el actor?

Antúnez Daniel Arnaldo y otros (los coactores/actores).

¿A quién se demanda?

La notaria (la escribana involucrada) — identificada en el texto como la notaria omisa.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Solicitan medida autosatisfactiva para que la notaria anule y se abstenga de inscribir una escritura pública de compraventa celebrada, por existir supuestas operaciones superpuestas y vicios del consentimiento.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación subsidiario interpuesto por los actores y se confirmó la sentencia de fecha 20/12/2016 que desestimó la medida cautelar/autosatisfactiva solicitada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"III-El juez de la instancia anterior desestimó la pretensión de la parte actora bajo la consideración de que persigue una medida cautelar de no innovar, que -como tal-, no puede ser solicitada en forma autónoma, ya que el artículo 232 del CPCCT condiciona su procedencia a la existencia de un juicio ya iniciado, situación que no se configura en la especie.

Asiste razón al apelante respecto al erróneo encuadre realizado por el A quo, toda vez que la medida autosatisfactiva difiere de las medidas cautelares convencionales, entre las cuales se inscribe la de no innovar. Desde tal perspectiva, cabe precisar que las primeras se agotan con el despacho favorable e importan una satisfacción definitiva a la pretensión deducida, no siendo necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad, en tanto las medidas cautelares son esencialmente instrumentales y accesorias de un proceso y se otorgan para garantizar el cumplimiento de una sentencia futura.

No obstante, las quejas deben ser desestimadas. Ello es así, por cuanto la pretensión esgrimida por la accionante excede el marco de las medidas autosatisfactivas, las que se caracterizan por ser “excepcionales” y de “interpretación restrictiva”, atento su condición de derecho procesal de “urgencia” que deja de lado el principio de seguridad jurídica priorizando el valor “justicia”.

En efecto, en el caso de las medidas autosatisfactivas, además de los requisitos comunes a las cautelares clásicas (verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y contracautela), la fuerte probabilidad de legitimidad es necesario para el despacho de una medida de esta clase (Andorno, Luis O. “El denominado proceso urgente (no cautelar) en el derecho argentino como instituto similar a la acción inhibitoria del Derecho italiano” en JA, 1995-II-887). Por ello, su procedencia está condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos: verificación de una situación de urgencia; fuerte probabilidad de que el derecho material del postulante sea atendible (cercana a la certeza); quedando la exigibilidad de contracautela sujeta al prudente arbitrio judicial (Cf. Peyrano Jorge W., “Régimen de las Medidas Autosatisfactivas. Nuevas Propuestas”, LA LEY, 1998-A, 969 y sgtes.).

De la compulsa de la causa surge que en modo alguno puede entenderse configurado el recaudo de fuerte probabilidad de legitimidad del derecho de los peticionantes, que habilite la tutela anticipatoria y autosatisfactoria.

En efecto, los coactores pretenden que se ordene a una notaria, anular una escritura pública de compraventa que celebraron ante ella, invocando la existencia de operaciones superpuestas respecto del inmueble en cuestión, así como la configuración de presuntos vicios del consentimiento en su realización; cuestiones que no pueden ventilarse en el marco de este tipo de medidas, y que deben ser dilucidadas por la vía y forma pertinente."

(No hubo votos en disidencia relevados en el texto suministrado; el bloque dispositivo final dispone el rechazo del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.)

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