SANATORIO MODELO S.A. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- s/ AMPARO

¿Quién es el actor?

Sanatorio Modelo S.A. (amparista).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán - D.G.R. (parte demandada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo contra la aplicación retroactiva del régimen previsto en la Resolución General Nº 23/2002 y la validez de actas de deuda que habrían aplicado aquel régimen; impugnación de la designación/obligación como agente de retención.

¿Qué se resolvió?

La Corte NO HACE LUGAR al recurso de casación interpuesto por la demandada, disponiendo protocolizar el dictamen fiscal, imponiendo costas a la demandada y reservando la regulación de honorarios. En efecto, se confirma la sentencia Nº 628 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que había hecho lugar al amparo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes (textuales, tal como en el fallo):

"III.- El planteo recursivo ha sido objeto de un correcto tratamiento en el dictamen del señor Ministro Fiscal agregado a fs. 381 y vta., cuyas razones esta Corte comparte y a los cuales se remite, sin perjuicio de agregar:

III.1- Que una interpretación armónica de las disposiciones de los artículos 50 y 73 del CPC, a la luz del texto de la máxima jerarquía normativa del artículo 43 de la Constitución Nacional, permite afirmar que aquellos casos en que, de modo liminar, se verifican los presupuestos constitucionales de la acción de marras, esto es, arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesión actual o inminente y existencia de un derecho cierto, la vía judicial más idónea es la del amparo, salvo que el ordenamiento jurídico prevea otra más rápida, expedita o que confiera algún beneficio que el trámite de aquél no contemple (cfr. CSJT, 11/12/2009, “Defensoría del Pueblo de Tucumán vs. EPRET s/ Amparo”, sentencia N° 1139, del voto de la doctora Sbdar).

Partiendo de tal premisa y teniendo en cuenta que le corresponde al Juez valorar si de las constancias del expediente surge, o no, evidente la infracción de la disposición legal o la calificación de arbitraria de la conducta lesiva expuesta por el actor y, consecuentemente, declarar verificada o no la condición (cfr. CSJT, 25/11/2011, “Gallardo de Cerda, Olga vs. IPSS s/ Amparo”, sentencia N° 912, del voto de la doctora Sbdar), ninguna acogida puede tener un agravio, como el que aquí plantea la demandada, que conllevaría a perjudicar la vía del amparo para remitir, sin razón alguna, al proceso ordinario, siendo que en el sub iudice la Cámara tuvo, ante sí, todos los elementos conducentes para determinar la efectiva conculcación, de parte de los actos impugnados por la amparista, a las garantías consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional y el art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos."

"III.2- Que, en lo concerniente a la cuestión sustancial de autos, se observa que todo el razonamiento impugnativo de la quejosa se estructura sobre la base de que la actora habría quedado automáticamente incluida en el régimen de la Resolución General 23/2002 por el mero hecho de ser unas de las instituciones (“clínicas, sanatorios y similares relacionadas con la atención de la salud”) mencionadas en el artículo 1º de la Resolución General Nº 69/1998 siendo que, sin embargo, el artículo 3º inc. a) del primero de los reglamentos citados refiere a la incorporación automática de los sujetos “inscriptos” como agentes de retención en virtud de otro régimen, y que, tal es posible inferir de la línea argumentativa plasmada en el fallo atacado, esa última circunstancia no se configura respecto de la razón social demandante sino recién a partir del dictado Resolución General Nº 203/2009, por la que se designa a Sanatorio Modelo S.A. -entre otros- en la calidad de sujeto obligado de marras, a partir del 01 de febrero de 2010, inclusive.

En ese sentido no es posible soslayar que la afirmación sentencial según la cual, a diferencia de los contribuyentes que pueden estar implícitos y surgir de la propia descripción hipotética de la circunstancia fáctica condicionante sin necesidad de norma expresa de designación, los sujetos obligados a título ajeno deben estar explícitamente determinados por la norma, no ha sido debidamente refutada por la impugnante, quien se contentó con invocar lo dispuesto por el citado art. 1º de la Resolución Nº 69/1998, mas sin hacerse cargo de la insuficiencia o -mejor dicho- inoperatividad que el criterio doctrinal al que adhiere el A quo le atribuye a ese tipo de designaciones genéricas, dónde no se identifica al sujeto sino sólo a la actividad que éste realiza. Para decirlo de otro modo, la recurrente no explica por qué resulta contraria a derecho -y, por ende, descalificable en casación- la conclusión de la Cámara que no basta con que el Fisco haya aludido, en un primer momento, a “clínicas, sanatorios y similares relacionados con la atención de la salud” sino que la obligación de la actora sólo se genera con el acto administrativo que dispusiera su designación específica como agente de retención de la mentada gabela provincial."

"IV.- Teniendo en cuenta que la desestimación del recurso importa, en definitiva, confirmar la decisión del Tribunal de Grado en cuanto hace lugar a la acción de amparo promovida en la especie, las costas de esta instancia recursiva se imponen a la demandada por ser la responsable del acto lesivo (cfr. art. 26 del CPC)."

¿Cómo votaron los jueces?

la resolución fue unánime; todos los vocales (Goane, Sbdar y Posse) adhirieron al rechazo del recurso.