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Tribunal Superior

ROLANDI JUAN CARLOS c/ SUC. DE PEDRO HERNAN LINO s/ ORDINARIO FUERO DE ATRACCION

El actor reclamó incumplimiento de contrato y cobro de U$S 363.333 por la construcción de una destilería. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmó la sentencia de la Cámara que hizo lugar a la demanda tras valorar el conjunto probatorio y rechazar la aplicación de la carga dinámica de la prueba.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala en lo Civil y Comercial Común, Civil en Familia y Sucesiones y Penal (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala en lo Civil y Comercial Común, Civil en Familia y Sucesiones y Penal
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
2272/15
Contrato Incumplimiento Cobro de dolares Sucesion Carga de la prueba Recibo de pago Valoracion de la prueba Arbitrariedad Costas U$s 363.333

¿Quién es el actor?

Juan Carlos Rolandi.

¿A quién se demanda?

Herederos de Hernán Lino de Pedro (consignados: Silvia Josefina del Valle Rodríguez; José Hernán De Pedro; María Liliana De Pedro; Pablo Lino De Pedro; y Fernando Rogelio De Pedro Molina).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Incumplimiento de contrato y cobro de la suma de U$S 363.333 (dólares estadounidenses trescientos sesenta y tres mil trescientos treinta y tres), más intereses, gastos y costas, por trabajos relacionados con la construcción de una destilería (convenio de fecha 26/06/2009 / Orden de Compra N° 00005-00000568-E).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación interpuesto por la demandada y se confirmó la sentencia de la Excma. Cámara de Familia y Sucesiones que hizo lugar a la apelación del actor, revocando la sentencia de primera instancia y ordenando el pago de U$S 363.333 con intereses y costas a la parte vencida; se reservó pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes de la sentencia:

“La sentencia en crisis ha resuelto: ‘I HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2021 en lo que fue material de agravios, dictando sustitutiva pertinente, disponiendo: ‘Iº.-(…) IIº.- HACER LUGAR a la demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dólares interpuesta por JUAN CARLOS ROLANDI en contra de SILVIA JOSEFINA DEL VALLE RODRIGUEZ; JOSE HERNAN DE PEDRO; MARIA LILIANA DE PEDRO; PABLO LINO DE PEDRO; y FERNANDO ROGELIO DE PEDRO MOLINA, herederos de HERNAN LINO DE PEDRO, por la suma de U$S363.333.- (dólares estadounidenses trescientos sesenta y tres mil trescientos treinta y tres), con más sus intereses desde la fecha de la mora y hasta su total y efectivo pago, aplicándose para ello la tasa activa del BNA, más gastos y costas. Dichas sumas deberán ser abonadas en el plazo de 10 días de quedar firme la presente resolutiva, conforme a lo considerado. III°.- COSTAS, a la parte vencida, según se considera. (…), conforme a lo considerado.’”

“Es criterio reiterado de esta Corte Suprema de Justicia que: ‘…la determinación de los hechos y la valoración de la prueba corresponden como principio a los jueces de mérito. La casación no constituye un medio ordinario para reexaminar todas las decisiones, pues no tiene por función revisar el acierto o error de las decisiones de los tribunales inferiores vinculadas al material histórico del proceso. De allí que su competencia quede limitada y circunscripta a resguardar el derecho sustantivo y procesal, sea para evitar su inobservancia o errónea aplicación…’. Este Máximo Tribunal considera que la valoración de la plataforma fáctica sólo es revisable en casación cuando se incurre en notoria arbitrariedad, vicio que importa la violación de las reglas de la sana crítica racional, (artículo 40 del CPCCT).”

“El principio general de la carga de la prueba en materia de obligaciones de dar sumas de dinero, es que corresponde al deudor y por ser tal, debe exigir el instrumento u otra prueba que acredite el mismo. El artículo 1354 del Código velezano (aplicable al caso) a propósito de la prueba de las obligaciones dice: ‘Quien pida la ejecución de una obligación deberá probarla y quien pretenda haber sido libertado de ella debe probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de la obligación’. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación regula lo mismo en su artículo 894. Son admisibles todos los medios de prueba aunque la prueba por excelencia es el recibo firmado por el acreedor.”

Resumen de la argumentación: La Corte concluyó que el recurso casatorio se fundaba esencialmente en una disputa sobre valoración probatoria, materia que por regla corresponde a los jueces de mérito y solo revisable en casación ante notoria arbitrariedad, la cual no acreditó la recurrente. Además, la Cámara y la Corte entendieron que la carga probatoria del pago corresponde al deudor (y, por transmisión, a sus herederos), y que la doctrina de la carga dinámica de la prueba no era aplicable al caso en las condiciones alegadas.

¿Cómo votaron los jueces?

No existen votos en disidencia; los tres vocales votaron en igual sentido.

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