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Cámara de Apelaciones

CAJA POPULAR DE AHORROS DE TUCUMAN c/ SALVATIERRA CESAR ANTONIO s/ COBRO EJECUTIVO

La Caja Popular de Ahorros apeló la sentencia que rechazó su planteo de inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley 6757 en un cobro ejecutivo por pagaré. La Cámara confirmó la resolución de primera instancia rechazando la inconstitucionalidad por extemporánea y por ausencia de acreditación del gravamen concreto, sosteniendo la obligatoriedad de la doctrina jurisdiccional del Superior Tribunal.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL EN DOC. Y LOCACIONES Y FAMILIA Y SUCES. - CONCE - Sala en lo Civil en Documentos y Locaciones (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL EN DOC. Y LOCACIONES Y FAMILIA Y SUCES. - CONCE - Sala en lo Civil en Documentos y Locaciones
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
223/22
Cobro ejecutivo Pagare Ley 6757 Art. 2 Inconstitucionalidad Oportunidad procesal Competencia Corte suprema de justicia de tucuman Admisibilidad $31.066

¿Quién es el actor?

Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (actora).

¿A quién se demanda?

César Antonio Salvatierra (demandado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo por pagaré "a la vista" por la suma de $31.066,80.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y se confirmó la sentencia de fecha 05/09/2022 que había rechazado el planteo de inconstitucionalidad respecto del art. 2 de la Ley 6757 por deducido fuera de la oportunidad pertinente y por falta de acreditación del gravamen concreto.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripciones textuales relevantes (párrafos del fallo, lenguaje original):

"En este sentido, nuestra CSJT sostuvo que la facultad de control de constitucionalidad debe ejecutarse frente a planteos puntuales y tempestivos, ya que no puede aceptarse la emisión de declaraciones abstractas o frente a situaciones ya consentidas, que vendrían a alterar elementales principios de seguridad jurídica. (arg. cfr. CSJT, Sent. N°79 del 02/03/1999)."

"De las constancias de autos se desprende que el planteo de inconstitucionalidad en estudio no cumple con el recaudo de oportunidad, toda vez que a tales efectos debió ser introducido al momento en que se preveía la aplicación de la norma impugnada -art. 2 de la ley 6757, que establece la competencia del fuero de Cobros y Apremios para entender en la pretensión esgrimida-, esto es al momento de tomar conocimiento de la radicación de la demanda en el fuero Civil en Documentos y Locaciones, diverso al establecido por las expresas disposiciones legales mencionadas que resultan de aplicación al caso, y conforme el criterio sostenido pacífica y reiteradamente por el Tribunal Cimero desde el año 2006 hasta el presente."

"En cuanto al recaudo de la invocación concreta del perjuicio causado por la norma en cuestión, tampoco luce debidamente cumplido, -como se expresa en la resolución en crisis-, pues la genérica alusión a principios y garantías constitucionales que efectúa la actora no resulta suficiente a los efectos pretendidos. ... El interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución causándole de este modo un gravamen y que, debe probar, además que ello ocurre en el caso concreto."

Citas textuales importantes incluidas en el fallo:

art. 2 de la Ley Nº 6757 (criterio de competencia del fuero de Cobros y Apremios).

art. 15 del Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán (analizado y declarado no aplicable al caso).

Jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Tucumán (citas repetidas que sostienen la oportunidad y doctrina sobre competencia).

¿Cómo votaron los jueces?

El dispositivo final es el que decide; la sentencia fue suscripta por los vocales Dra. Ana Carolina Cano y Dr. Roberto R. Santana Alvarado; no consta disidencia.

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