LIZARRAGA RENE ALBERTO s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA

¿Quién es el actor?

LIZARRAGA RENE ALBERTO (actor de la causa original).

¿A quién se demanda?

Parte demandada que interpuso la apelación (apoderada: Sra. Carolina del Valle Velázquez; patrocinio letrado de la Dra. Silvia Susana Cruz).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se discute el recurso de apelación contra la sentencia de regulación de honorarios dictada el 21/11/2016, por entenderse excesivos los honorarios regulados (sumatoria $446.250 sobre base regulatoria $1.200.000; en particular se examinó la legitimación para impugnar honorarios por $18.900 a favor de la Dra. María Josefina Chaya).

¿Qué se resolvió?

NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; costas como se consideran. La sentencia de regulación de honorarios fue confirmada por la Cámara.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los 2-3 párrafos más relevantes (texto original del Tribunal):

"De conformidad a lo previsto por el art. 29 de la ley Nº 5.480 están legitimados para apelar quienes revelen un interés manifiesto en la lesión causada por la regulación. Sujeto del recurso son los profesionales interesados y el o los obligados al pago. Cualquiera de las partes está obligada al pago de los honorarios de sus profesionales en virtud de haber contratado sus servicios y el condenado en costas es obligado al pago de los honorarios de los profesionales de su contendiente (art. 23 y 24 ley 5.480).

'La lesión es la medida del agravio y, por ende, no cabe que la parte recurra por bajos los honorarios, pues ello en nada le perjudica. Su interés se circunscribe a apelar por altos los aranceles.' (Brito-Cardozo de Jantzon, Honorarios de abogados y procuradores. Ley 5480”, pág. 139/140).

Solamente cuando hay afectación patrimonial existe derecho a impetrar la apelación, es decir, para la interposición del recurso debe haber interés jurídico que lo justifique o gravamen o perjuicio resultante del pronunciamiento regulatorio (Conf. Julio Federico Passarón – Guillermo Mario Pesaresi, 'Honorarios Judiciales', Ed. Astrea, Bs. As., 2008, p. 216).

Conforme lo expuesto, se advierte que la parte demandada carece de legitimación para cuestionar por altos los honorarios que fueran regulados en el apartado Iº de la resolutiva de la sentencia apelada, a favor de la Dra. María Josefina Chaya, fijados en la suma de $18.900, pues le corresponden por su actuación como abogada apoderada del actor en la revocatoria con apelación en subsidio resuelta mediante la sentencia dictada el 28/06/2013 de fs. 282/284, en la cual el actor resultara perdidoso, imponiéndose costas al mismo como vencido. En efecto, no resultando la parte demandada vencida ni contratante de los servicios de la letrada Chaya, carece de interés en cuestionar dichos honorarios, adeudados por el actor a su propia letrada.

Por ello, en tanto se apelan los honorarios regulados por altos, sin discriminación alguna, carece de legitimación la parte demandada para apelar por altos los honorarios que fueran regulados a favor Dra. María Josefina Chaya, fijados en la suma de $18.900."

"Ingresando al estudio de la cuestión bajo examen y realizados los cálculos pertinentes para fijar los emolumentos, considerando las pautas arancelarias invocadas (arts. 11, 14, 15, 38, 39, 43 y 59, ley 5.480) y demás valoraciones efectuadas por el a quo en la resolución apelada, concluye el Tribunal que la misma se encuentra debidamente fundada y que los honorarios regulados son el resultado de una razonable aplicación al caso concreto de las escalas y normas arancelarias, hallándose a su vez proporcionados al mérito, calidad e importancia de los trabajos realizados por los letrados beneficiarios. Por ello, yerra la recurrente al objetar un supuesto desajuste, más no entre la retribución derivada del arancel y la tarea efectivamente cumplida, sino en relación a una desproporción entre la sumatoria de remuneraciones de los abogados y el monto del proceso, lo que no resulta atendible porque esa proporción debe existir entre la retribución de cada letrado y el monto del juicio, la que siempre estará respetada en la medida que el monto del proceso constituya la base de la regulación, la cual según se dijo no conforma materia del recurso propuesto y queda excluida de toda revisión.

En suma, no se advierte error en la aplicación de pautas arancelarias, ni en las operaciones de cálculo que efectúa el a quo; como tampoco que exista una desproporción entre la labor profesional efectivamente cumplida por los letrados y las remuneraciones fijadas en la sentencia recurrida. No concurren tampoco en el caso excepcionales circunstancias que habiliten el ejercicio de una facultad morigeradora (art. 13 de la Ley 24.432) prescindiendo del empleo objetivo de normas arancelarias que constituye la regla en la materia a fin de evitar toda subjetividad que pueda conducir a arbitrariedad, sin que concurran situaciones de excepcionalidad que así lo ameriten (conforme CSJTuc., sentencia Nº 840, 22/10/2004, 'E.D.E.T. S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Nulidad de acto administrativo').

Por las razones expuestas, debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto."

(No constan votos en disidencia; la sentencia fue dictada por coincidencia de dos votantes).