CARRIZO MARIO WALDEMAR Y OTROS c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO s/ AMPARO

¿Quién es el actor?

Carrizo Mario Waldemar y otros (actores que se presentan como adjudicatarios).

¿A quién se demanda?

Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se reclama la reducción de la cuota mensual fijada por el organismo en concepto de precio de venta de las viviendas asignadas en el Barrio 300 Viviendas (Lapacho ampliación Mercedes, Lules), por considerarla excesiva y no ajustada a las características e ingresos de los actores; se solicitó que se fije una cuota acorde a lo abonado en barrios vecinos (alegan $250) y que se declare la arbitrariedad del reajuste que llevó a cuotas mayores (mencionando comunicación inicial de $400).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el IPVDU; se revocó la sentencia de fecha 22/11/2016 que había hecho lugar al amparo y fijado cuota de $450, y en sustitutiva se rechazó la acción de amparo. Costas por su orden; pronunciamiento sobre honorarios reservado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Párrafos transcritos del fallo (textos tal como aparecen en la sentencia):

"Surge del artículo 43 de la Constitución Nacional, que la idoneidad procesal de la vía 'expedita y rápida' del amparo presupone la necesaria concurrencia de tres requisitos: a) inexistencia de otro medio judicial más idóneo; b) un acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, se encuentren afectados de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y c) que ese acto o esa omisión lesionen, restrinjan, alteren o amenacen derechos y garantías reconocidos por la constitución, un tratado o una ley."

"Confrontadas las consideraciones de la sentencia cuestionada, con las constancias de autos, a la luz de las precisiones anteriores, se advierte que el recurso debe prosperar. En efecto, ni la certeza del derecho invocado ni la manifiesta ilegalidad del acto achacado al IPVDU lucen patentes, ya que están en juego cuestiones cuya dilucidación exige un más amplio debate y la producción de pruebas que exceden el marco de este proceso."

"En mérito a lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por IPVDU en contra de la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2016, la que se revoca y en sustitutiva se rechaza la acción deducida. Las costas, atento a la naturaleza de la acción y a que los actores pudieron razonablemente creerse con derecho a demandar, deben establecerse por el orden causado (art. 105, inc. 1 y art. 107 CPCCT)."

Citas textuales más relevantes: las anteriores, que explicitan la exigencia de certeza del derecho y de la manifiesta arbitrariedad para la procedencia del amparo; y la constatación de que la demandada aportó el expediente administrativo y normativa (Resoluciones nº 02762/2013; 05922/2013; 02588/2014) que justifican la metodología de cálculo del precio y las cuotas.

Observación sobre prueba: el Tribunal destaca que los actores ofrecieron documentación relativa a la adjudicación (boleto de compraventa, acta de tenencia precaria, etc.) pero no la produjeron pese a haberse abierto la prueba, y que el expediente administrativo aportado por el IPVDU otorga fundamento razonable que descarta la arbitrariedad manifiesta.

¿Cómo votaron los jueces?

la parte resolutiva se expresa en el acuerdo del Tribunal; no se registra disidencia en el extracto proveído.