CROTTI ANGELA BEATRIZ s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
El recurrente impugnó la designación de la Defensoría Oficial como representante del privado de la libertad en un proceso de prescripción adquisitiva. La Cámara rechazó la apelación y confirmó la intervención de la Defensoría, sosteniendo la constitucionalidad y la aplicación del art. 12 del Código Penal y la normativa correlativa que impone curatela a los penados.
¿Quién es el actor?
Dr. Agustín Eugenio Acuña, Defensor Oficial en lo Civil y del Trabajo con carácter itinerante (por derecho propio).
¿A quién se demanda?
Resolución de la Sra. Juez en lo Civil y Comercial Común de la 1ª Nominación del Centro Judicial de Concepción (resolución que asignó intervención de la Defensoría Oficial en representación del Sr. Matías Roque Moisés Cativa).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna la providencia/ decreto que asignó a la Defensoría Oficial la representación del Sr. Cativa, privado de la libertad, por entender que excede las funciones del Defensor Oficial previstas en la Ley 6238.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación en subsidio y se confirmó la intervención de la Defensoría Oficial como curador/representante del Sr. Cativa.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El art. 12 del Código penal, establece: 'La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces'."
"Las restricciones del art. 12 del Código Penal configuran una situación de capacidad de ejercicio restringida, es decir, la regla general es la de capacidad solo limitada para las situaciones enumeradas en la ley... La enumeración del art. 12 es limitativa; el penado mantiene su capacidad civil para todos los demás actos de la vida civil, sin embargo, deben considerarse incluidos dentro de la interdicción los que sean consecuencia necesaria de los enumerados en el art. 12; por consiguiente no puede estar en juicio cuando se controviertan derechos patrimoniales... Ello, con fundamento en las dificultades de gestión que la situación de hecho importa dada la privación de la libertad."
"Por otra parte, estimamos que no resulta suficiente la designación de un apoderado convencional, porque la privación de la libertad impide gobernar directamente, dar instrucciones y, también, el control eficiente de la actuación del apoderado; solo el curador legal, con garantía del contralor judicial, brindaría una protección adecuada... Por ello, a diferencia de lo sostenido por el Sr. Defensor Oficial, y compartiendo lo resuelto por la Sra. Juez de Primera Instancia, cabe denegar la queja y mantener la intervención del Sr. Defensor Oficial como curador del Sr. Cativa Matías Roque Moisés, conforme se considera."
(Se consignan además referencias a la Ley 24.660, al art. 160 terdecies inc. 2 de la Ley 6238 y al artículo 702 inc. b del CCyCN, y la remisión a la doctrina y jurisprudencia que avalan la constitucionalidad del art. 12 del Código Penal, citando entre otros el caso "González Castillo, Cristián Maximiliano y otro s/ robo con arma de fuego", CSJN, 11/5/2017.)
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Leyes que cita
- Ley 340Codigo civil
- Ley 24.660Pena privativa de la libertad
- Ley 26.994Codigo civil y comercial de la nacion
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