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Cámara de Apelaciones

PROVINCIA DE TUCUMAN c/ AUTOSERVICIO CAPO S.A. s/ EJECUCION FISCAL

La Provincia de Tucumán promovió ejecución fiscal contra Autoservicio Capo S.A.; la cuestión apelada versó sobre la denegatoria de apelación por falta de personería en incidente de regulación de honorarios. La Cámara hizo lugar al recurso de apelación en subsidio, revocó la providencia que había denegado la apelación y tuvo por apersonado al letrado Carlos J. M. Aguirre, intimando la reposición de tasas y bonos.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 1 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 1
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
1038/19
Ejecucion fiscal Personeria Apelacion en subsidio Regulacion de honorarios Defensa en juicio Instrumentalidad de las formas Tasas y bonos Art. 712 cpcc Intimacion Costas por el orden causado.

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán (en la ejecución fiscal).

¿A quién se demanda?

Autoservicio Capo S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución fiscal; en esta resolución se discute el recurso contra la regulación de honorarios en el incidente de ejecución de honorarios.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto por la demandada, se revocó el proveído de fecha 31/05/2022 que había denegado la apelación por falta de personería, se tuvo por apersonado al letrado Carlos J. M. Aguirre, se intimó la reposición de tasa de justicia, bono profesional, aportes previsionales y patente profesional y se concedió la apelación en forma directa contra la regulación de honorarios del 12/05/22. Se impusieron costas por el orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Y si bien en la causa principal y en las incidencias vino actuando únicamente el letrado Martínez Marconi, al deducir apelación contra la regulación de honorarios realizada a favor del letrado López Duchen por las actuaciones cumplidas en el incidente de ejecución de honorarios, el escrito fue presentado el 27 / 05 / 22 por el coapoderado Aguirre.

En las particulares circunstancias de la causa y estando acreditado en autos el mandato invocado, no correspondía la denegación de la apelación de sentencia de regulación de honorarios pues tal criterio es el producto de un excesivo rigor formal, que atenta contra la garantía constitucional de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional) y la búsqueda de la verdad jurídica objetiva.

El derecho constitucional del debido proceso y la defensa en juicio deben primar en el caso, pues el incumplimiento de cualquier tasa fiscal por el apersonamiento del nuevo letrado, debe ser objeto de la intimación bajo el apercibimiento pertinente pero no puede dar lugar a una decisión denegatoria del recurso, máxime atendiendo a lo dispuesto por el art. 712 del anterior CPCC (aplicable por la fecha de la presentación)."

(No consta voto en disidencia en la sentencia analizada.)

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