HERRERA CARLOS ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE MONTEROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Herrera Carlos Antonio (actor en el juicio principal).

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Monteros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Juicio por daños y perjuicios; el incidente trata sobre ejecución/regulación de honorarios (Incidente de Ejecución de Honorarios p/p CPN Rubén N. Villafañe) y, puntualmente, nulidad de notificaciones vinculadas a un incidente de caducidad de segunda instancia sobre recurso de apelación de honorarios.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al incidente de nulidad deducido por el apoderado Dr. Eduardo Eugenio Racedo y se declaró la nulidad de la notificación del decreto de fecha 5/4/2016 y de todos los actos que fueron su consecuencia, incluida la sentencia nº 228 de fecha 5/12/2016. Se ordenó notificar el proveído de fecha 5/4/2016 al apoderado en el domicilio constituido y se impusieron las costas por el orden causado. Se reservó pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Conforme a ello, habiendo sido aceptado y proveído por el juzgado de primera instancia el apersonamiento del Dr. Eduardo Eugenio Racedo y la constitución de su nuevo domicilio legal en el casillero de notificaciones 715, todas las notificaciones a partir del 30/11/2015 debieron practicarse allí. No obstante, conforme se expuso en la reseña efectuada, el traslado del planteo de perención de segunda instancia se dirigió primero al Dr. Mario Agustín Racedo en el casillero de notificaciones nº 360 (fs. 87) y luego, a pedido de la Dra. Menéndez, a la letrada Eleonora Méndez en el casillero nº 166 (fs. 90); quien ya no se desempeñaba como apoderada de la Municipalidad demandada y en un casillero distinto al constituido por el letrado Eduardo Eugenio Racedo, configurándose con ello un vicio de nulidad a tenor de lo normado en el artículo 165 del CPCC, por inobservancia de las formas contempladas en la ley ritual.

En efecto, encontrándose regulado específicamente por la ley procesal la obligación de constituir domicilio (art. 70 del CPCC), no cabe al Juzgado apartarse del régimen legal, siendo su obligación remitir allí las notificaciones cursadas al litigante. La contravención a tal principio determina la invalidación de las notificaciones irregularmente cursadas no correspondiendo tener por notificada a la parte cuando existe un imperativo legal en contrario. Cabe en consecuencia aplicar el criterio sostenido por nuestros tribunales locales en el sentido que las notificaciones realizadas en domicilios distintos al constituido, carecen de toda validez y configuran una nulidad manifiesta e insubsanable por afectar la garantía constitucional del debido proceso. A la luz de los principios expuestos no puede sostenerse la validez de la notificación practicada en autos en un domicilio diferente al constituido."

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución fue acordada por las Dras. María José Posse y Mirtha I. Ibáñez de Córdoba (sin disidencias consignadas).