CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN c/ ARJONA FERNANDEZ DIEGO FEDERICO s/ COBRO ORDINARIO DE PESOS

¿Quién es el actor?

Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán.

¿A quién se demanda?

Sr. Diego Federico Arjona Fernández.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ordinario de pesos por $1.601.387,59 (capital e intereses) por ajustes de retenciones impositivas sobre liquidación de comisiones por recepción de apuestas (quiniela, telekino y juegos menores); se solicitó embargo preventivo sobre todos los activos y disponibilidades del demandado.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación de la actora y se revocó la sentencia de fecha 27/07/2022 que había rechazado el embargo preventivo; se remitió la causa al Juzgado de origen para que provea lo pertinente. Costas: no corresponden por tratarse de medida cautelar.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos más relevantes (mayoría):

"Al respecto, esta Sala I° tiene posición clara y definida desde hace tiempo respecto a que el certificado que instrumenta una determinación de deuda efectuada de oficio por la Administración Pública ostenta las características de un instrumento público según el inc. 5° del art. 289 inc b) del Código Civil y Comercial, pues son instrumentos públicos: '... los instrumentos que extienden los escribanos o funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes...', (análogamente por ej. Sentencia n° 653 del 26 de octubre de 2009 recaída en autos 'Provincia de Tucumán -DGR- C/ Intra S.R.L. S/ X Embargo Preventivo', expte. nº a7618/08, Sala I°; 'Provincia de Tucumán -DGR- c/ Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA S/ Embargo Preventivo', sentencia n° 209 del 24 de junio de 2013)."

"A lo que se suma que el documento presentado resulta de una compulsa certificada por Contador Público, por lo que constituyendo el certificado de deuda del art. 233 Ley 5115 un instrumento público que además refleja contablemente la deuda cuyo cobro se pretende y está suscripto por los funcionarios públicos habilitados para ello (art. 233 inc.1°, aps. c) y e), debemos concluir que en este proceso la medida cautelar debe concederse en tanto que conforme lo normado por el artículo citado del digesto de rito, se presume que concurren los extremos de verosimilitud del derecho invocado, el peligro de su frustración y la razón de urgencia de la medida."

"Al estar así prevista en nuestra legislación procesal una medida cautelar que puede ser requerida por la entidad autárquica estatal presuntamente acreedora solo con la presentación de una certificación de deuda emitida de acuerdo con las normas legales, debe despacharse la medida requerida a tenor de la norma aplicable al caso pues los Magistrados están obligados a aplicar la ley que decide el caso."

Bloque dispositivo (resolución):

"1.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la actora CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN contra la sentencia de fecha 27 de julio de 2022, la que se revoca.

2.- REMÍTASE la causa al Juzgado de origen a fin de que provea lo pertinente, conforme lo considerado.

HÁGASE SABER."

¿Cómo votaron los jueces?

"Por lo tanto la cautelar peticionada con base en este instrumento debe justificarse conforme a lo preceptuado en el Art. 218 CPCCT: debe acreditarse la verosimilitud del derecho y la razón de urgencia como resolvió S.S. La interpretación integradora de toda la normativa implicada en la controversia, reseñada ut supra, me lleva a rechazar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

Costas: existiendo razón probable para litigar y criterios contrapuestos en las Salas de este tribunal, las costas se imponen por el orden causado, Arts. 105, Inc. 1 y 107 CPCCT.

Por ello, estimo resolver: 'I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN contra la sentencia de fecha 27 de julio de 2022 la que se confirma. II.- COSTAS por el orden causado conforme fue considerado. III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.'"