MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN c/ SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN (SAT - SAPEM) s/ COBRO EJECUTIVO

¿Quién es el actor?

Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

¿A quién se demanda?

Sociedad Aguas del Tucumán (SAT‑SAPEM).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo de multas impuestas por el Tribunal Municipal de Faltas por la suma reclamada de Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000), más intereses, gastos y costas.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la excepción de inhabilidad de título, se ordenó continuar la ejecución hasta el íntegro pago de $120.000 con más intereses (tasa activa promedio del Banco Nación), costas a la ejecutada (art. 105 CPCC) y se confirmó la sentencia de fecha 18/08/2022; se rechazó la apelación de SAT‑SAPEM y se impusieron las costas de la segunda instancia a la apelante.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Los argumentos de la parte accionada y apelante, su ataque a la cuestión administrativa acerca de la persona habilitada para la firma del título, carecen de entidad para desvirtuar lo considerado por el fallo recurrido en tanto que el título ejecutado es un instrumento público enmarcado en las disposiciones del art. 7 de la Constitución Nacional (“Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás, y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán”) y del art. 289 inc. 2°) del Código Civil y Comercial de la Nación (“Son instrumentos públicos: a)… b) los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes… c)…”."

"Por consiguiente, los argumentos dados por la sociedad demandada resultan inatendibles atento las especiales cualidades del título ejecutado: a) Unilateralidad, que resulta en la no intervención del deudor en el acto de creación del certificado o boleta de deuda. b) Formalidad, en tanto que la falta de cualquiera de los requisitos extrínsecos que exigen las leyes de fondo y de forma, produciría la inexistencia del certificado y habilitaría el rechazo de la vía ejecutiva para su cobro, lo que no se observa que ocurra en las cuentas judiciales ejecutadas. c) Autonomía, pues en el caso la cuenta judicial debe bastarse a sí misma, sin posibilidad de que en su texto se haga remisión a documentos externos."

"A lo que cabe agregar que como los títulos base de la ejecución son instrumentos públicos, operan a su respecto el art. 293 del CCCN, por lo que la única forma de obtener su invalidación es por la vía del procedimiento judicial de redargución de falsedad, que no fue siquiera mencionado por la parte demandada y apelante."

¿Cómo votaron los jueces?

El acuerdo de la Cámara rechazó la apelación y confirmó la sentencia de primera instancia (bloque dispositivo final: "RECHAZAR el recurso de apelación... la que se confirma"). No consta disidencia.