INSTITUTO DE PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL DE TUCUMAN c/ COMPLEJO AZUCARERO CONCEPCION S.A. s/ EJECUCION FISCAL
El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán promovió ejecución fiscal contra Complejo Azucarero Concepción S.A. y se reguló honorarios por la primera etapa del juicio. La Cámara hizo lugar a la apelación del letrado Belmonte Saluzzi y modificó la regulación de honorarios, aplicando intereses para conformar la base regulatoria y fijando $2.254.649 para Belmonte Saluzzi.
¿Quién es el actor?
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (actor ejecutante).
¿A quién se demanda?
Complejo Azucarero Concepción S.A. (ejecutado).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución fiscal por deuda consignada en el Certificado de Deuda N° 05/2020, capital certificado $14.588.475,29, más intereses, gastos y costas; regulación de honorarios de los letrados intervinientes por la primera etapa del juicio.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la apelación interpuesta por el letrado Sergio Antonio Belmonte Saluzzi, y se modificó el punto segundo de la sentencia de fecha 21/06/2022 regulando los honorarios en conformidad con la base que incluye intereses aplicados hasta la fecha de regulación. Se fijó para Belmonte Saluzzi la suma de $2.254.649 y para la Dra. Victoria García Posse $558.548; se impusieron las costas de la instancia al orden causado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Así planteada la cuestión, cabe tener presente que a los efectos de determinar la base para la regulación de honorarios se debe partir de lo normado por el art. 39 inciso 1 de la Ley N° 5.480, que expresamente manda a considerar como monto del juicio a los efectos regulatorios, el capital actualizado de la suma reclamada en la demanda con más sus intereses, gastos, multas y cualquier otro rubro que deba adicionarse.
Ahora bien, la única manera de garantizar la conservación del valor económico en juego a través del tiempo, es la aplicación de intereses desde la fecha de la deuda reclamada, hasta la fecha en que se efectúe la regulación de los honorarios. Ello resulta imprescindible para no practicar regulaciones de los estipendios profesionales a valores históricos, garantizando de esta manera la vigencia del derecho de propiedad.
De este modo lo afirma la jurisprudencia: '...En circunstancias en que los valores sufren una permanente distorsión debida al envilecimiento del signo monetario, se impone para asegurar una adecuada contraprestación de los servicios profesionales, considerar los bienes según estimaciones actualizadas al tiempo de la sentencia, ya que esta corrección nominal de los valores no causa agravio a los derechos de las partes, sino que reafirma el derecho de propiedad, pues admitir lo contrario, importaría reconocer una retribución mermada o confiscatoria de los servicios prestados' (Fallo C.S.J.N. Publicado en JA 1990-IV-33- reproducido en Lexis Nº 2/18004)."
Cálculo y conclusión práctica (también transcrito en fallo):
"Capital demandado -certificado de deuda al 28 de febrero de 2020-: $14.588.475,29.
...
El total de intereses es $15.097.495,60.
Por lo tanto, capital + intereses = base regulatoria.
$14.588.475,29 + $15.097.495,60 = $29.685.970,89.
De manera que determinamos como base regulatoria la suma de $29.685.970,89. En efecto, se recepta el recurso de apelación interpuesto al respecto por el letrado Sergio Antonio Belmonte Saluzzi, de acuerdo con el cálculo efectuado precedentemente."
¿Cómo votaron los jueces?
No se consignan votos en disidencia en el acuerdo decisorio; el bloque resolutivo (SE RESUELVE) acordó la modificación conforme se trascribe.
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