TRAPANI VICENTE S.A. s/ ACCION DE AMPARO s/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS

¿Quién es el actor?

TRAPANI VICENTE S.A. (parte actora en la causa de amparo; además actúa en autos el perito ingeniero Sergio Scopel por incidente de ejecución de honorarios).

¿A quién se demanda?

Superior Gobierno de la Provincia (apelante) / actuación originaria frente al juez de primera instancia.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Incidente de ejecución de honorarios en el marco de una acción de amparo y, en concreto, la cuestión relativa a la aplicabilidad/constitucionalidad de la ley 8851 y medidas derivadas (embargo de fondos).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el Superior Gobierno de la Provincia y se declaró la nulidad de la resolución de fecha 27/9/2016 (fs. 202/203). Se impusieron las costas en el orden causado. Se ordenó que, al volver los autos a primera instancia, se reordene el proceso conforme a derecho.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El Código Procesal Constitucional establece para el control de constitucionalidad de oficio un trámite previo a la decisión y en cualquier estado de la causa, que consiste en el deber de correr traslado a las partes por un plazo de diez días hábiles, cuando el magistrado estime que la norma que debe aplicar puede adolecer de alguna objeción constitucional; debe darse, además, intervención al Ministerio Público, en cuanto dicho órgano representa el interés general y ejerce control de legalidad de las actividades de los tribunales. (Dir: Juana I. Hael y Juan Carlos Peral, “Código Procesal Constitucional de Tucumán Concordado, Comentado y Anotado”, Ley 6944, Ed. Bibliotex, p. 392).

De las constancias de autos resulta que el Sr. Juez de grado declaró de oficio la inconstitucionalidad de la ley 8851 sin dar cumplimiento al trámite previo dispuesto en los artículos 5 y 88 CPC, es decir sin correr traslado a las partes por el plazo de diez días y dar intervención al Ministerio Público para que se expida.

En consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad resuelta en la sentencia apelada es nula porque se ha alterado la estructura esencial del proceso."

(También cita jurisprudencia local:) "La infracción a los arts. 5 y 88 del Código Procesal Constitucional, en lo que regulan en forma específica el trámite previo que debe contener la declaración de inconstitucionalidad de una norma dispuesta de oficio por el Juez, y en cuanto perjudica el derecho de las partes a ser oídas, configura una causal de nulidad que altera la estructura esencial del procedimiento en los términos del art. 166 del CPCyC, la que es insubsanable y puede ser declarada de oficio y sin sustanciación si la referida nulidad es, como en el caso, manifiesta. Consecuentemente, corresponde declarar la nulidad de oficio de la sentencia” (CSJT, Sala Civil y Penal, “Unión Cañeros Azucarera Ñuñorco Ltda. s/ Quiebra Pedida Incidente, sent. Nº 192, 26/04/2013).

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- HACER LUGAR al recurso de apelación deducido a fs. 208 por el Superior Gobierno de la Provincia y en su mérito declarar la nulidad de la resolución de fecha 27/9/2016 (fs. 202/203). II.- COSTAS en el orden causado."

(No consta en el texto la existencia de votos en disidencia; la resolución final es la aquí transcripta.)