PROVINCIA DE TUCUMAN c/ SALVIC S.A. Y OTROS s/ COBROS (ORDINARIO)

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán.

¿A quién se demanda?

Salvic S.A. y otros (varios codemandados: Daniel Roberto Cohen, Matilde Maizel de Cohen, Víctor José Cohen, Luisa Teresa Brand de Cohen).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de deudas derivadas de operaciones del Ex Banco Residual (montos iniciales de $32.000 y $47.000; deuda original $79.036,49 y cálculos administrativos posteriores); ejecución/ liquidación del saldo adeudado y deducción de pagos parciales denunciados.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la Provincia; se casó la sentencia de la Cámara del 26/5/2017 por insuficiente motivación respecto de la valoración de constancias administrativas (planillas de refinanciación, pagos con títulos con denuncia policial, decaimiento de beneficios de la Ley 6790) y se remitieron los autos a la Cámara para que, con nueva integración, dicte un nuevo pronunciamiento. Se impusieron costas por el orden causado; se reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Puede observarse con total claridad que la fundamentación de la Cámara lejos estuvo de guardar la contundencia requerida para superar el test de fundabilidad exigido por el ordenamiento jurídico. Concretamente, basó su decisión solamente en el hecho de que 'la refinanciación de la deuda de los demandados se fijó en un saldo total de $17.523,63 ctvos. (ver fs. 205/206; 223/224 y 280/283 todas del Expte. Adm. nº 1354/380/S/1997) y con los intereses previstos en dicha reglamentación se financió un total de $25.327,53 al 20/10/99'."

"Sin embargo, no llevó adelante examen alguno para evaluar si dicho plan especial de acogimiento (de donde surgía la suma que indica como adeudada) conservaba efectivamente vigencia. Más aun cuando distintas constancias del expediente antes transcriptas daban cuenta de que el referido plan quedaba sin efecto, razón por la cual el monto de dinero originariamente adeudado recobraba actualidad."

"Por otra parte, la Cámara tampoco explicó de manera fundada por qué tuvo por válidos los pagos que se denunciaron como irregulares a raíz de la denuncia policial realizada sobre los títulos públicos mencionados más arriba. En tal sentido, simplemente se limitó a expresar que 'luego de concedida la financiación de la deuda en los términos de la ley 6790, los demandados efectuaron pagos parciales mediante la entrega de títulos públicos, tal como lo permitía la referida ley, conforme recibos de cobranza por terceros acompañados por la propia actora, no quedando claro cuál es el saldo real adeudado por los demandados al inicio de ésta demanda'. Esa escueta afirmación no queda suficientemente fundada ..."

(Se consignan como relevantes los pasajes citados por el tribunal que acreditan: a) existencia de planillas administrativas que fijaron saldos a refinar; b) la resolución administrativa que declaró el decaimiento del acogimiento a la Ley 6790 y la invalidez parcial de un recibo por títulos con denuncia policial; c) informes técnicos posteriores (2006/2009) que ratificaban deudas y ajustes).

¿Cómo votaron los jueces?

decisión unánime; los Dres. Leiva, Sbdar y Rodríguez Campos votaron en idéntico sentido.