MANZAR S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO s/ INCIDENTE DE REVISION

¿Quién es el actor?

Parte incidentista recurrente: Banco del Tucumán S.A. (apela y peticiona nulidad).

¿A quién se demanda?

Concursada: MANZAR S.R.L.; también intervienen el pretenso acreedor Raúl E. Tejerizo y la sindicatura.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la declaración de caducidad de la instancia y se solicita nulidad por supuesta alteración de la estructura del procedimiento (faltó acumulación de actuaciones incidentales).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de nulidad por preclusión y se confirmó la resolución que declaró caduca la instancia por inactividad de conformidad con el art. 210 inc. 2º del CPCC. Se impusieron costas a la parte vencida y se diferenció la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La cuestión planteada por el recurrente resulta improcedente en tanto ha operado la preclusión procesal, por no haber el nulisdicente impugnado tempestivamente el trámite cumplido.-

En efecto, de las constancias obrantes en autos surge que, en ninguna oportunidad el recurrente impugnó el trámite cumplido en estas actuaciones incidentales, iniciadas con la presentación del 14/10/2003 (fs. 13/19). Y por el contrario, se consintió incluso el traslado de la caducidad deducida a fs. 73/77 y el llamamiento de los autos para el dictado de la resolución, dispuesto por providencia de fecha 21/05/2008, notificado mediate cédula agregada a fs. 158.-

Esta sala ha entendido que: “la adecuada hermenéutica del art. 170 del CPCC, en relación con el art. 808, necesariamente obligaba al nulisdicente a articular la incidencia de nulidad en primera instancia a efectos de subsanar el vicio que pretende reeditar en la Alzada por ser aquélla la vía procesal idónea a ese fin”.-"

"Analizadas las presentes actuaciones se comprueba que, tal como lo sostiene la señora fiscal de cámara, operó el vencimiento del plazo de tres meses de inactividad previsto en el artículo 210 inciso 2º del CPCC entre las fechas señaladas, la primera de ellas, en que fue dictada la providencia que tuvo por contestado por la concursada el incidente de revisión y, la segunda, en que fue librada cédula de notificación al letrado Tejerizo del traslado dispuesto a fs. 20. Este último, por su parte, no consintió la referida actuación, toda vez que se dedujo el planteo dentro del plazo de cinco días previsto por la normativa formal.-

En nada empece lo antedicho la mención-nota manuscrita, inserta a fs. 32, supuestamente realizada el 15/06/2004, en la que se expresa que se adjuntan copias para traslado, pues la misma no es más que una mera leyenda que no esta certificada por el Actuario. En consecuencia no tiene valor alguno, menos aún para constituirse en un acto interruptivo. En dicha referencia no consta la firma del Secretario o Prosecretario, únicos fedatarios de ley. Por ello es que la falta de atestación del funcionario no dá fe de la actuación cumplida de manera que la fecha allí consignada no puede sino ser considerada como una simple manifestación unilateral de una de las partes, que no puede dar fe de su contenido ni de su veracidad.-

Aún, en la mejor de las hipotesis, en caso de considerar dicho acto unilateral como impulsivo, igualmente desde dicha fecha, hasta el 07/10/2004, el plazo de prescripción se habría igualmente cumplido.-

Y no obstan a tal conclusión los argumentos expuestos por la revisionista al expresar los agravios de su recurso de apelación (fs. 170/174), en tanto que la suspensión de los términos procesales precisa el dictado de una resolución que así lo disponga expresamente, pues los mismos son improrrogables y perentorios (art. 122 CPCC), y sólo pueden suspenderse por acuerdo de partes, fuerza mayor o causa grave apreciada discrecionalmente por el juez o por imperio de la ley (art. 124 CPCC).-

No media en el presente caso ninguno de esos extremos, ni aún el indispensable dictado de una resolución fundada por el aquo ordenando la suspensión."

"No es tampoco intempestivo el planteo de perención, según lo indica el apelante. Conforme nuestro sistema procesal, la caducidad no opera de pleno derecho, sino que es necesario la resolución judicial que la declare, y tal declaración no tiene efecto retroactivo sino que la perención opera a partir del momento que el órgano judicial la declare (Cf.: arts. 213, 214 y 216 C.P.C. y C.; Loutayf – Ovejero López: Caducidad de la Instancia, pág. 12; Palacio…: Derecho Procesal Civil, T IV, pág. 231).-

Vale decir que aún operando el plazo de perención, pero no así declarado en su oportunidad procesal, ni de oficio, ni ha petición de parte, la caducidad no se opera. Por eso se prescribe que las partes pueden pedir la declaración de caducidad antes de haber consentido ningún trámite del proceso, que si consienten, la perención se purga, lo que esta diciendo que no opera de pleno derecho. (Cf.: CCCC, esta sala Ia., sent. del 30/03/1990).-

Para que se produzca la purga o convalidación deben concurrir los siguientes requisitos: a) Vencimiento del plazo de caducidad; b) Impulso procesal posterior al vencimiento del plazo legal de caducidad y c) consentimiento del acto de impulso procesal posterior al vencimiento del plazo de caducidad.-

Conforme fuera explicitado precedentemente, estos recaudos no concurren en la especie, ya que la actuación impulsoria del trámite cumplida tras el vencimiento del plazo de caducidad fue el libramiento de cédula del 07/10/04, acto que no fue consentido por el incidentista, toda vez que dedujo la perención dentro del plazo de cinco días desde el diligenciamiento de tal instrumento de notificación."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registran votos en disidencia en el bloque dispositivo final; la resolución pertenece al acuerdo del Tribunal.