ROCCO DE INSAURRALDE EUGENIA MARIA c/ FIDEICOMISO EDIFICIO VICTORIA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Rocco de Insaurralde Eugenia María (actora).

¿A quién se demanda?

Fideicomiso Edificio Victoria (fiduciaria Lucía Inés Villa Rougés) y codemandados María Estela Rougés y Osvaldo M. Campero.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios derivados de hechos ligados al Fideicomiso Edificio Victoria; en el expediente también tramitaron recursos de apelación y una excepción de defecto legal (incidente).

¿Qué se resolvió?

Se regularon honorarios por actuaciones cumplidas en segunda instancia hasta las sentencias del 17/02/2014 y 07/11/2018, fijando sumas determinadas para los distintos letrados intervinientes (por ejemplo $100.000 para varios letrados en el punto I; $131.483 y $100.000 en el punto II). Se notificó conforme art. 35 ley 6059.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"3. Base regulatoria: el monto fijado en auto regulatorio de fecha 03/11/21, que se encuentra firme ($397.438,97). Sobre el mismo, se aplican los intereses de tasa activa del Banco Nación Argentina desde el 18/06/09 hasta la fecha de la presente resolución, determinándose a los efectos de la presente, como base regulatoria la suma de $2.120.696,34.

Determinada la base regulatoria, se aplica sobre la misma los porcentajes establecidos en el art. 38 de la ley arancelaria a la luz de lo normado por el art. 15 de la misma ley (teniendo en cuenta el carácter de ganador o perdedor en esta instancia) adicionándose en su caso el 55%, por la actuación en doble carácter (art. 14, ley 5480), aplicándose luego el 25% conforme el art. 51 de la ley 5480. Y el art.59 de la ley arancelaria para los honorarios a regularse por la excepción de defecto legal, por tratarse de un incidente.

Efectuados los cálculos pertinentes las cifras a las que se arriba -en los casos del incidente y de los honorarios de los letrados Courel y Silvetti en los recursos contra la sentencia de fondo-, resultan inferiores al valor de una consulta escrita, por lo que corresponde fijar los emolumentos profesionales por el valor de la misma de conformidad al art. 38 in fine de la ley arancelaria.

Para el caso de los profesionales que actuaron en representación de la parte actora, se aplicara lo dispuesto por el art. 12 de la ley 5480."

Texto de la parte resolutiva final (extracto):

"I) REGULAR HONORARIOS por actuaciones cumplidas en esta segunda instancia hasta la sentencia de fecha 17/02/14 (fs.214/215): a) ... a los letrados Joaquin Ruben Arch y Gerardo Joaquin Arch ... la suma de $100.000 y al letrado Manuel A. Courel ... $ 100.000; b) ... a los letrados Joaquin Ruben Arch y Gerardo Joaquin Arch ... la suma de $100.000 y al letrado Ignacio José Silvetti ... $ 100.000.

II) REGULAR HONORARIOS por actuaciones cumplidas en esta segunda instancia hasta la sentencia de fecha 07/11/18 (fs.687/693): a) ... al letrado Gerardo Joaquin Arch ... la suma de $131.483 y al letrado Manuel A. Courel ... $ 100.000 ; b) ... al letrado Gerardo Joaquin Arch ... la suma de $131.483 y al letrado Ignacio José Silvetti ... $ 100.000."

¿Cómo votaron los jueces?

"Vengo sosteniendo (en minoría) que la expresión 'en ningún caso' no conduce necesaria ni únicamente al criterio de que el mínimo legal rige respecto de cada actividad procesal que merezca una regulación independiente (cada incidente, incidencia o recurso en los que haya recaído una condena en costas) cuando la aplicación de las escalas aplicables resulte una suma inferior al de la consulta escrita. Tal criterio conduce a considerar irrelevante el valor económico disputado, además que priva al juez de la facultad de establecer los estipendios atendiendo a la naturaleza, relevancia, importancia, calidad, complejidad, extensión temporal, eficacia de la labor profesional realmente cumplida, e incluso de su resultado y de la instancia en que la actividad se hubiera cumplido, pues tanto el abogado ganador como el perdedor en toda cuestión (incidente, recurso, ejecución, etc…) resultará retribuido siempre con el importe de una consulta. Asimismo, hace desaparecer las proporciones que el propio régimen legal ha establecido para retribuir la labor cumplida en las distintas etapas, instancias y trámites.

En el caso, los letrados han merecido honorarios por su actuación en primera instancia y por la apelación de la sentencia de fondo, en sumas mayores al valor de la consulta escrita vigente al tiempo de la regulación, de allí que regularles honorarios por los recursos de apelación decididos en el marco de una excepción de defecto legal en el importe de una consulta escrita, resulta excesivo a la luz de la realidad e importancia de la labor efectivamente cumplida en el caso y de la importancia del pleito."