PROVINCIA DE TUCUMAN - D.G.R. - c/ LA FRAGUA S.A. s/ EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

PROVINCIA DE TUCUMÁN - D.G.R.

¿A quién se demanda?

LA FRAGUA S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución fiscal por el cobro de Boletas de Deuda Nº BCOT/1181/2019 y BCOT/1182/2019 por multas aplicadas conforme art. 292 del Código Tributario Provincial, por la suma de $117.600 más intereses, gastos y costas.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la ejecución fiscal por haberse hecho lugar a la Excepción de Inhabilidad de Título por inexistencia de deuda (la demandada no ostenta la calidad de sujeto pasivo en la Provincia de Tucumán), confirmando la sentencia de grado con corrección de redacción; se declaró mal concedido el recurso de la demandada; y se modificó la regulación de honorarios a favor del letrado de la demandada fijándolos en $77.500.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Esa ineludible necesidad de que se verifique la obligación exigible en esa doctrina del Supremo Tribunal de la Provincia, en el caso implica que la accionada debe revistar ineludiblemente la condición de sujeto pasivo del impuesto automotor, lo que no se verifica en autos; dejando por esto último huérfano de sustento a los pretensos agravios que refieren a la “firmeza del acto administrativo”."

"De allí el aserto de la Sra. Jueza de la Instancia Inferior, cuando afirma a tenor del art. 37 citado que la accionada como persona jurídica tiene su domicilio en el lugar donde se encuentra su dirección o administración efectiva (inciso 1), al no desarrollar actividad en la Provincia (inciso 2), ni tener en la Provincia bienes o fuentes de renta (inciso 3); interpretación que refrenda con citas del art. 152 del CCCN y art.11 inc. 2) de la LS."

"Por consiguiente, es dable inferir que las normas nacionales permiten inscribir un automóvil en el registro correspondiente tomando como lugar determinante de la radicación la invocación de la guarda habitual del automotor o el domicilio del titular. Y si como se advierte de las constancias de la causa, los rodados involucrados han sido radicados en la Provincia de Salta, es de perogrullo considerar que la autoridad específica de aplicación de la normativa técnico registral referida al automotor, fue la que -luego de evaluar la documentación pertinente- estableció que se encontraban satisfechas las condiciones para la inscripción del rodado en esa jurisdicción, ergo haberse acreditado el domicilio de la sociedad propietaria en la vecina provincia, cumplimentando los requisitos de las normas técnico-registrales aplicables, por lo que tomó razón de ello."

¿Cómo votaron los jueces?

"Conforme el art. 39 inc. 1° de la ley 5.480, a los efectos regulatorios debe considerarse como monto del juicio, el capital actualizado de la suma reclamada en la demanda, sus intereses, gastos y multas y cualquier otro rubro que deba adicionarse... Por tal motivo, corresponde acoger favorablemente el recurso de apelación deducido por el letrado, y en consecuencia, elevar los honorarios fijándolos en el valor de una consulta escrita vigente a la fecha del pronunciamiento, con más los procuratorios, es decir, en la suma de $ 77.500."