BUETOW URIBURU GUILLERMO c/ ZOTLOTERER RODOLFO DANTE Y OTRO s/ COBRO DE PESOS

¿Quién es el actor?

Guillermo Buetow Uriburu.

¿A quién se demanda?

Rodolfo Dante Zotloterer y otro.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción de cobro de pesos; incidente de embargo preventivo (embargo sobre suma bancaria) y oposición/substitución del embargo por seguro de caución.

¿Qué se resolvió?

La Cámara IV rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la resolución de fecha 4/10/22 que había rechazado la oposición y denegado la sustitución del embargo. Se impusieron costas a la demandada; honorarios reservados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"3) Entrando a considerar, entonces, la cuestión omitida -oposición a la medida cautelar- tengo en cuenta que la resolución que concedió la medida de embargo preventivo sobre dinero existente en la cuenta bancaria del demandada (sentencia interlocutoria del 12/5/22), se fundó en que se tuvo por incontestada la demanda por el accionado, por lo que -atento a lo dispuesto por el art.32 inc. 3 ap.1 del CPL-, cabía presumir la existencia de los presupuestos del art. 218 CPCC.

Considero que la demandada no ha logrado desvirtuar la existencia de “peligro en la demora”, toda vez que -tal como se indica en la sentencia apelada-, existen inconsistencias en la prueba adjuntada por la demandada, que determinan que no pueda saberse a ciencia cierta cómo se compone el patrimonio del accionado; a lo que cabe agregar que el apelante no concretó un ofrecimiento de una garantía particular para afianzar el eventual crédito del actor, como podría haber sucedido si es que hubiera, por ejemplo, ofrecido un embargo sobre el inmueble o el rodado a los que refiere la certificación contable.

Jurisprudencia que comparto tiene dicho lo siguiente: “Conforme lo dispone el art. 226 del CPCCT para la procedencia de de toda medida cautelar debe acreditarse la verosimilitud del derecho, así como el peligro de su frustración o la razón de urgencia de la medida. La verosimilitud del derecho como propuesta que condiciona la admisibilidad de la medida cautelar apunta a la posibilidad de que el derecho exista, a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable. Esa posibilidad no equivale a la certeza en la existencia del derecho, que sólo se logrará al agotarse el trámite con el dictado de la sentencia. Igualmente, las medidas cautelares, más que a hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su obra. De allí que para decretarlas no se requiera una prueba acabada de la verosimilitud del derecho debatido en el principal, extremo que sólo puede ser alcanzado al tiempo de la sentencia, ni sea menester un examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes bastando que a través de un estudio prudente -apropiado al estado del trámite- sea dado percibir un fumus bonis iuris en el peticionario. También se dijo que la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de sufrir un daño irreparable por la demora son extremos que se encuentran de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro del daño y viceversa cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor del, “humus” se puede atemperar (La Ley 1.993 -B-424)”. (C.Cont.Ad., Sala 1. Bustos María I. vs. IPSST s/ amparo. Fallo n°360, 06/08/03, citado por Bourguignon Marcelo y Peral Juan Carlos, Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, Ed. Bibliotex, T. I B, p.844/845).

Pues bien, dado que el demandado no contestó la demandada, existe una presunción a favor de la verosimilitud del derecho del actor (con. Art. 58 CPL), lo que implica no ser tan exigente respecto a la apreciación del peligro del daño, resultando -además- que la prueba aportada por la demandada al solicitar el levantamiento de embargo, no es de tal entidad y contundencia, como para considerar desacreditada la existencia de peligro en la demora.

Los motivos analizados, me convencen respecto a desestimar “la oposición” a la medida cautelar, planteada por la recurrente."

"4) Considero que tampoco resulta procedente el pedido de sustitución de embargo. Los argumentos que sostienen la sentencia de grado, no pudieron ser rebatidos por el apelante.

Resulta especialmente relevante destacar que la demandada no concreta la sustitución, ya que no probó haber contratado el seguro de caución que dice ofrecer; a la vez que tampoco ofrece otro tipo de garantías, como podría haber sido la traba de embargo sobre los bienes registrables que dice poseer en su patrimonio (bien inmueble o rodado).

Así las costas, el escrito recursivo no se hace cargo de los sólidos fundamentos que justifican rechazar el pedido de sustitución de embargo, con lo cual el decisorio no logra ser conmovido por las críticas que realiza el apelante."

"6) Por último, considero que tampoco cabe admitir la critica contra la imposición de costas dispuesta en la sentencia recurrida (a la demandada vencida).

Las excepciones al principio objetivo de la derrota deben ser analizadas con criterio restrictivo, puesto que el mencionado principio es corolario de la teoría objetiva del riesgo y tiende a reparar los gastos que se ha visto obligado a realizar quien debió recurrir al pleito a fin de que se reconozca el derecho que le asistía. Para variar dicho criterio, se requiere que se demuestre la existencia de circunstancias objetivas que avalen la eximición de costas al vencido, lo que no ocurre en el caso.

Jurisprudencia que comparto tiene dicho que “la sola creencia subjetiva del litigante de la razón probable para litigar no es, por sí, luciente para eximir del pago de las costas del juicio perdidoso, pues es indudable que todo aquel que somete una cuestión a los tribunales de justicia es porque cree tener razón de su parte, más ello no lo exime de los gastos del contrario, si el resultado del juicio no le es favorable, con la única excepción de cuando se ventilen cuestiones dudosas o difíciles de derecho” (CJST Piezzi O. vs. Bco. Crédito Argentino s/Cobro, Fallo n°385, 19/05/00)."

¿Cómo votaron los jueces?

fallo por mayoría (votos de Adolfo J. Castellanos Murga y Guillermo Ávila Carvajal).

Datos y montos relevantes incluidos en la sentencia:

Resolución apelada de fecha 4/10/22; medida de embargo interlocutoria del 12/5/22.

Certificación contable valuó inmueble en Monteagudo 274 3 piso D en $15.675.000 y automotor 2016 en $910.100; declaración de AFIP indicó valuación del vehículo en $352.066,12.

Seguro de caución ofrecido no había sido contratado al momento.