COMPLEJO AZUCARERO CONCEPCION S.A. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ NULIDAD/REVOCACION

¿Quién es el actor?

Complejo Azucarero Concepción S.A. (parte actora).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (parte demandada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad/Revocación de acto administrativo que impone multa ambiental y planteo de inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley N° 6.253 (texto conforme Ley N° 9.300) en cuanto exige el pago previo de la multa como requisito de admisibilidad de la demanda.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán declaró inadmisible (mal concedido) el recurso de casación interpuesto por la parte demandada; impuso costas a la recurrente y reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia impugnada expresó que “Al ingresar al análisis de la cuestión debatida, como punto de partida debe establecerse que la multa aplicada ostenta naturaleza sancionatoria, extremo éste que no ha sido controvertido por las partes”.

Sostuvo la Cámara que “la sanción administrativa tiene sustancia penal y resulta expresión del desenvolvimiento del ius puniendi estatal, debe señalarse que ello trae aparejado la aplicación de los principios generales y normas del derecho penal común (Fallos 184:417; 202:293; 235:501; 287:76; 289:336; 290:202)” y que “debe aplicarse el principio general del derecho penal de presunción de inocencia que deriva del artículo 18 de la Constitución Nacional (‘Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo’) y del artículo 8 inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (‘Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca su culpabilidad’)”.

Indicó que “A nuestro juicio, la Administración exija a Complejo Azucarero el pago del capital de la multa aplicada ($155.252,28.-) como requisito de admisibilidad de la impugnación judicial, resulta claramente lesivo del principio de presunción de inocencia que rige en la especie, en la medida en que se impone el pago previo de la multa mientras se halla discutida en sede judicial la infracción (rastrojo de caña de azúcar quemada) que le sirve de causa”.

Advirtió que “la exigencia del solve et repete en materia ambiental lesiona el derecho de defensa, derecho de acceso a la justicia, debido proceso, tutela judicial efectiva y principio pro actione que operan en los términos antes reseñados y que se encuentran previstos en diversas normas constitucionales y convencionales: artículo 18 de la Constitución Nacional; artículo XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 8 inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículo 14, apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Consideró que “la ejecutoriedad de la sanción aplicada (por su naturaleza penal), debe ceder temporalmente en pos del resguardo de los derechos y garantías fundamentales del particular (principio de presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho de acceso a la justicia, debido proceso, tutela judicial efectiva y principio pro actione)”.

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El recurso de casación ha sido interpuesto dentro del término previsto en el art. 751 del CPCyC, invoca infracción de normas de derecho y arbitrariedad de sentencia, se dio cumplimiento con el depósito judicial a la orden de esta Corte. Sin embargo, visto los agravios de la recurrente y confrontados con los fundamentos de la sentencia impugnada, se advierte que aquellos no se ajustan a la exigencia de admisibilidad prevista en el art. 751 CPCyC concerniente a la suficiencia de la impugnación, que al respecto dispone: “El escrito deberá bastarse a sí mismo, tanto en la relación completa de los puntos materia de agravio como en la cita de las normas que se pretenden infringidas, exponiendo las razones que fundamenten la afirmación y la doctrina que, a criterio del recurrente, sea la correcta”.

La sola lectura del escrito recursivo demuestra que el mismo omite realizar una crítica suficiente de la totalidad de los argumentos que sustentan la decisión cuestionada, incumpliendo la carga de rebatir fundadamente todas las razones dadas por la Cámara. “En orden a la suficiencia que debe revestir el escrito recursivo, esta Corte tiene dicho que es menester que el recurrente exponga una crítica razonada de la sentencia impugnada, para lo cual tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el fallo recurrido, tarea que la recurrente no ha satisfecho en este caso (cfrme. CSJT, sentencia Nº 1098 del 10/11/2008)” (CSJT, “González María Ernesta vs. Ponce de León Mario y otro s/ Despido”, sentencia Nº 322 del 17/4/2009).

La presentación recursiva sostiene sustancialmente que la sentencia impugnada debe ser dejada sin efecto porque “lo resuelto por el tribunal sentenciante desconoce lo trascendente de la responsabilidad, SU responsabilidad, específica por daño ambiental independientemente de la responsabilidad civil o penal, consistente en el restablecimiento del ambiente al estado anterior al daño, o de resultar esto último imposible, la obligación de una indemnización sustitutiva”; porque “el bien jurídico protegido con las multas ambientales y las normas protectorias del medio ambienten si distan mucho de los restantes bienes jurídicos perseguidos por otras sanciones administrativas. El derecho a un ambiente sano excede el interés de la sociedad local y compromete derechos esenciales de generaciones futuras; hechos que por sí mismos justifican un trato diferenciado y preferencial”; porque “si en materia tributaria la lógica de permitir el pago previo se funda en el propósito de no obstaculizar la renta pública, podemos afirmar que en materia ambiental el solve et repete tiende a no obstaculizar los recursos del Estado para el efectivo ejercicio del poder de policía ambiental. Esa, es la interpretación que debe hacerse de la norma en cuestión, puesto que se desprende de la misma ley ambiental local que los fondos recaudados con la aplicación de multas ambientales tienen afectación específica destinada a la financiación de estudios, proyectos, equipamiento, recursos humanos y fortalecimiento institucional de las áreas del Ministerio de Desarrollo Productivo con competencia en materia ambiental. (art. 11 ley 6.253), cuestión diametralmente ignorada por la sentencia en crisis”; porque “Si se ha entendido que la ‘no obstaculización de la renta pública con miras a satisfacer diferentes fines públicos’, justifica el solvet et repete en materia tributaria, en la misma lógica deberá dar acogida a esta medida con fundamento en no obstaculizar el ejercicio de policía ambiental, ni desfinanciarlo, ni dilatar la percepción de sus recursos con miras a satisfacer intereses y fines públicos generales que exceden el ámbito territorial y temporal del cual son aplicados”.

Tales planteos se desentienden radicalmente de los fundamentos del pronunciamiento impugnado, desde que omite efectuar una crítica puntual, concreta y demoledora de los méritos por los cuales la Cámara rechaza su pretensión, esto es que “el hecho de que la Administración exija a Complejo Azucarero el pago del capital de la multa aplicada ($155.252,28.-)como requisito de admisibilidad de la impugnación judicial, resulta claramente lesivo del principio de presunción de inocencia que rige en la especie, en la medida en que se impone el pago previo de la multa mientras se halla discutida en sede judicial la infracción (rastrojo de caña de azúcar quemada) que le sirve de causa”; que “la exigencia del solve et repete en materia ambiental lesiona el derecho de defensa, derecho de acceso a la justicia, debido proceso, tutela judicial efectiva y principio pro actione que operan en los términos antes reseñados y que se encuentran previstos en diversas normas constitucionales y convencionales: artículo 18 de la Constitución Nacional; artículo XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 8 inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículo 14, apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”; que “la ejecutoriedad de la sanción aplicada (por su naturaleza penal), debe ceder temporalmente en pos del resguardo de los derechos y garantías fundamentales del particular (principio de presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho de acceso a la justicia, debido proceso, tutela judicial efectiva y principio pro actione)”; que “el hecho de que la multa impuesta tenga como antecedente la supuesta infracción de rastrojo de caña de azúcar quemada en un predio cañero, discutida en autos, y que por ello involucre la protección del medio ambiente, no muta la índole sancionatoria que la misma ostenta ni justifica el apartamiento de principios, derechos y garantías contenidos en la Ley Fundamental”; que “la legislación tributaria local prevé el pago previo de las obligaciones fiscales en concepto de tributos, quedando excluido de tal exigencia el supuesto en que se recurra la imposición de multas (artículo 158 del Código Tributario de Tucumán), en la inteligencia de que los ingresos provenientes de multas no constituyen recursos regulares del Estado, ni interfieren en la recaudación de la renta pública, y por ende, no afectan el normal funcionamiento de la estructura estatal”; que “a diferencia de lo que ocurre en el ámbito tributario, la legislación local ha previsto que, en casos de impugnación judicial de actos administrativos dictados por infracciones en materia ambiental, debe cumplirse con el requisito del pago previo de la multa, lo que no luce razonable, ponderando la importancia que -en contrapeso- reviste en nuestro sistema constitucional el principio de tutela judicial efectiva”; que “la multa impuesta por la Dirección de Fiscalización Ambiental carece de naturaleza tributaria, su eventual ingreso no integra los recursos normales y habituales de la Administración, ni pone en riesgo la regularidad de la gestión fiscal. Por ello, la exigencia prevista en el artículo 13 de la Ley N° 6.253 (texto conforme Ley N° 9.300), claramente se aparta de la finalidad tradicionalmente asociada al instituto del solve et repete (asegurar al Estado la normal percepción de la renta pública), toda vez que las multas son ingresos contingentes que no se calculan en el presupuesto de la administración pública provincial”; y, finalmente, que se advierte “una relación desproporcionada entre el medio establecido por la norma (solve et repete) y el fin de la multa (prevenir y reprimir la violación a la ley)”.

En síntesis, la omisión de una crítica completa y razonada de la totalidad de los concretos fundamentos del fallo impugnado, así como la insustancialidad de los planteos formulados constituyen manifiesto incumplimiento de la exigencia establecida en el art. 751 CPCyC de aplicación supletoria y, en consecuencia, sella la suerte adversa del examen de admisibilidad del recurso de casación planteado por la parte demandada.

¿Cómo votaron los jueces?

Voto unánime de los tres vocales (Dras. Claudia Beatriz Sbdar, Eleonora Rodríguez Campos y Dr. Daniel Leiva). No hay votos en disidencia.