CFN S.A. c/ MEDINA CESAR ANTONIO s/ COBRO EJECUTIVO
La actora CFN S.A. promovió ejecución de pagarés contra Medina César Antonio por cobro ejecutivo reclamando saldos impagos. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la ejecución por incumplimientos en los recaudos informativos y de liquidabilidad exigidos por la normativa consumeril y cambiaria, y consideró procedente la verificación de oficio del cumplimiento del art. 36 LDC.
¿Quién es el actor?
CFN S.A.
¿A quién se demanda?
Medina César Antonio
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro ejecutivo de pagarés por montos de $69.066,54 y $14.249,04, reclamando saldo adeudado por préstamos (cobro ejecutivo).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la ejecución en primera instancia; la Cámara, por mayoría, confirmó la sentencia apelada, rechazó el recurso de apelación de CFN S.A., impuso costas de Alzada a la actora y reservó honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Es que como ya tuvimos oportunidad de señalarlo (vide sentencia n°220, del 26/07/2022 de esta misma Sala in re “CFN SA vs. Ballestero Ramón César s/ Cobro ejecutivo”, expte. 10054/17), no podemos soslayar respecto del cuestionamiento al abordaje del tema atendiendo oficiosamente al dispositivo consumeril, que nuestro Cimero Tribunal tiene dicho que, '…la ausencia de un planteo explícito por parte del ejecutado, de la excepción de inhabilidad de título, no releva al juez del deber de verificar -de oficio- la concurrencia de la totalidad de los requisitos legalmente impuestos al instrumento base de la ejecución' (CSJT, sentencia N° 1095 del 28/6/2019, “Banco del Tucumán vs.- Cruz, María Ángela s/Cobro ejecutivo”)."
"Destacó en otro precedente ('Banco Hipotecario S.A. vs. Ruíz Paz María Estela s/ Cobro ejecutivo', Expte. N° 2649/16, fallo n°292 del 19/04/2019) que en procesos donde se encuentran en debate derechos de consumidores, el tribunal debe examinar de oficio el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 36 de la Ley N° 24.240, por el carácter de orden público que reviste la ley aplicable."
"Sentado entonces que - contrariamente a lo afirmado por la apelante - la a quo sí pudo válidamente exigir el cumplimiento del art. 36 de la LDC, en tanto la actora es una persona jurídica que tiene como actividad comercial el otorgamiento de créditos y préstamos de dinero, conforme surge de su inscripción ante la AFIP (Cuit N° 30-64105617-7 que figura en la cartular y declarado en la demanda) ... Por tanto, la accionante resulta encuadrable en la noción de 'proveedor' (art. 2° de LDC)."
Si hubiere votos en disidencia relevantes: No se consignan votos en disidencia en el dispositivo; la resolución se presenta como acuerdo que confirma la sentencia apelada.
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Leyes que cita
- Ley 24.240Defensa del consumidor
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