BIZA ANGEL DARIO c/ INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN (I.P.S.S.T.) s/ AMPARO

¿Quién es el actor?

Ángel Darío Biza (en representación de su hijo menor, [G. B.]).

¿A quién se demanda?

Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobertura al 100% de sesiones de fonoaudiología, kinesiología y terapia ocupacional necesarias para el menor, por el tiempo y frecuencia que indique el médico tratante; en particular, la cobertura de las sesiones de terapia ocupacional brindadas por la profesional Karina Alejandra Herrera conforme a su presupuesto.

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el IPSST y, en consecuencia, casó parcialmente la sentencia de la Cámara (sent. Nº 849 del 30/8/2022) en lo referido a la condena al pago de honorarios a la profesional Karina Alejandra Herrera por sesiones de terapia ocupacional; dejó sin efecto ese punto del dispositivo y remitió los autos a la Cámara para que dicte nuevo pronunciamiento. Impuso costas de esta instancia en el orden causado y reservó la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Párrafo 5.1 (extracto relevante):

“Con carácter previo cabe recordar, como lo tiene dicho esta Corte Suprema, que ‘el espíritu que inspira el régimen tuitivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada por la Ley Nº 26.378), la Constitución Provincial (arts. 24 y 40 inc. 5º), y las Leyes Nº 6830 y 7857, apunta en lo sustancial a asegurar, promover, garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte las personas con discapacidad. La idea del sistema es evitar que la discapacidad impida u obstaculice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales…’ (CSJT, ‘A.A.M. y otro vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán y otros s/ Amparo’, sentencia Nº 238 del 09/5/2011).”

Párrafo 5.2 (extracto relevante y citas textuales que sustentan la casación):

“En las concretas circunstancias del caso, no luce suficientemente fundada la decisión del Tribunal de que la demandada abone los aranceles de las sesiones de terapia ocupacional de la profesional Karina Alejandra Herrera, ‘conforme lo presupuestado por dicha profesional’, con el límite de los montos establecidos en el Nomenclador de aranceles del Sistema de prestaciones Básicas para personas con discapacidad. Tal consideración no se ajusta a las constancias del expediente ni se apoya en un análisis integral de los escritos introductorios del proceso; en particular de la pretensión del actor y la defensa de la demandada; extremos que resultan relevantes para la decisión del caso desde que se vinculan directamente con el valor de las prestaciones de terapia ocupacional. Por lo expresado, y sin que, como se dijo, ello signifique emitir juicio sobre la procedencia o no del planteo bajo análisis, corresponde Hacer Lugar al recurso de casación interpuesto por el IPSST y consecuentemente Casar Parcialmente la sentencia recurrida, punto resolutivo I en lo referido a la condena al pago de honorarios a la profesional Karina Alejandra Herrera por sesiones de terapia ocupacional, en base a la siguiente doctrina legal: ‘Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que carece de fundamentos suficientes’.”

¿Cómo votaron los jueces?

Los tres vocales (Sbdar, Rodríguez Campos y Leiva) adhirieron a los fundamentos expuestos por la vocal preopinante (Claudia B. Sbdar) y aprobaron el dispositivo final que casó parcialmente la decisión de la Cámara y remitió las actuaciones.

(En la sentencia no se registra disidencia: todos los votos fueron coincidentes.)