TESSARO MARIA OFELIA c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

¿Quién es el actor?

María Ofelia Tessaro (pensionada).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento del haber previsional (pensión derivada) con cierto porcentaje (reclamaba 75% del 83% móvil) y la movilidad de dicho haber; cobro de diferencias devengadas y futuras.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Provincia; se mantiene la sentencia de la Cámara que hizo lugar parcial a la demanda, reconoció el derecho a la movilidad de los haberes previsionales y condenó a la Provincia a liquidar y abonar las diferencias; costas a la recurrente; regulación de honorarios reservada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En esta línea de ideas cabe detenerse, asimismo, en lo explicitado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tópico al dictar sentencia en la causa “UPCN”, en la que declaró inoficioso el recurso extraordinario planteado por la Provincia el 10 de diciembre de 1998. Allí, el Máximo Tribunal expuso, según ya se lo recordó, que es en la cláusula 16 del Convenio de Transferencia, aprobado por Ley Nº 6772, donde encuentra su cauce la garantía establecida en “UPCN”, responsabilizando a la Provincia, integral e ilimitadamente, por cualquier acción judicial promovida por los titulares de beneficios previsionales comprendidos en la transferencia del sistema o por aquellos que se consideraren facultados para obtener alguno de tales beneficios en el futuro, en tanto estimaren afectados sus derechos.

Para mayor claridad, corresponde transcribir, en su parte pertinente, lo expresado por el más Alto Tribunal de la República sobre el particular: “15) Que, a tal efecto, debe ponderarse que con posterioridad a la fecha de la sentencia apelada se firmó el Convenio de Transferencia de Previsión y Seguridad Social a cargo del Instituto de Previsión y Seguridad Social local entre la Provincia de Tucumán y el Estado Nacional, que fue ratificado por la legislatura local mediante ley 6772 -que derogó la ley 6708- y por el Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto 1065/96. 16) Que la responsabilidad integral e ilimitada asumida por la provincia en la cláusula decimosexta alcanza a las consecuencias de cualquier acción judicial promovida por los titulares de los beneficios previsionales comprendidos en la transferencia del sistema o por aquellos que se consideraren facultados para obtener alguno de tales beneficios en el futuro, en tanto estimen perjudicados o afectados sus derechos, intereses o expectativas y especialmente, lo referente al exceso en los topes estipulados en la legislación nacional. 17) Que dicha responsabilidad incluye también las condenas a pagar sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, dictadas en cualquier tipo de proceso o en otras decisiones jurisdiccionales que, en forma directa o indirecta, alteren el contenido de la aplicación de las leyes 24.241 y 24.463, como también los otorgamientos de prestaciones que pudieran determinarse por blanqueo de asignaciones no remunerativas. 18) Que, además, se reconoció la voluntad de ambas partes de limitar las obligaciones del Estado Nacional al cumplimiento de los beneficios provisionales con sus montos actuales, por lo que la provincia asumió el compromiso de solventar todo importe que como fruto de las decisiones de cualquier autoridad nacional o local, redundará en incremento de las deudas transferidas como consecuencia del convenio” (cfr. Fallos: 321:3.469)."

"En concordancia con las reflexiones hasta aquí efectuadas, interesa poner de relieve que el más Alto Tribunal de la República ha sido particularmente sensible a las cuestiones que conciernen al resguardo de los derechos de los beneficiarios de los créditos previsionales (Fallos: 311:1.644); enfatizó también que la interpretación restrictiva de las leyes previsionales no se compadece con su jurisprudencia que decidió que lo esencial en esta materia es cubrir riesgos de subsistencia, y que los jueces deben guiarse con la máxima prudencia en la interpretación de las leyes previsionales, especialmente cuando el ejercicio de esa función puede conducir a la pérdida de algún derecho (Fallos: 311:1937). En esta lógica igualmente sostuvo que, en lo que atañe a regímenes o beneficios previsionales ordinarios, no debe llegarse en tales casos al desconocimiento de derechos sino con extrema cautela prefiriendo, consiguientemente, la inteligencia de la norma que permita reconocer el beneficio pedido; y que en dichos supuestos la regla de interpretación debe ser amplia (Fallos: 294:94, entre otros)."

"Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación incoado por la parte demandada contra la sentencia n° 910 del 12/09/2022 de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue acordada por mayoría; la Dra. Sbdar preopinó y fundamentó extensamente; las Dras. Rodríguez Campos y el Dr. Leiva adhirieron. El tribunal sostuvo que la cláusula 16 del Convenio de Transferencia alcanza también a pensiones derivadas otorgadas con posterioridad al traspaso cuando el causante adquirió la jubilación bajo normativa provincial anterior, y que la interpretación restrictiva de derechos previsionales no debe privar a la actora de la garantía de movilidad.