PROVINCIA DE TUCUMAN c/ ARGAÑARAZ ALEJANDRA INES s/ EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán (actora ejecutante / DCI).

¿A quién se demanda?

Argañaraz, Alejandra Inés (demandada/executada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución fiscal de multa administrativa impuesta por la Dirección de Comercio Interior por infracción a la Ley de Defensa del Consumidor.

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar al recurso de casación de la actora, casó la sentencia de la Cámara que había hecho lugar a la excepción de prescripción, y dictó como sustitutiva: NO HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por la demandada y confirmar la sentencia de primera instancia que admitió la ejecución; costas y regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por su parte, una célebre obra del francés Paul Roubier ... resaltaba que cuando las nuevas leyes abreviaban el plazo de la prescripción, ello no podía aplicarse a los casos de prescripciones que ya se encontraban en curso porque se configuraría un supuesto de afectación del principio de irretroactividad de las leyes... Como desprendimiento de lo anterior no hay dudas de que, al aplicarse al caso el art. 50 de la LDC (versión según Ley Nº 26.361), la acción administrativa del Estado tenía un plazo de prescripción de tres años (contado desde el 23/7/2015) que, ni siquiera al momento de interponerse la demanda (05/02/2018), estaba vencido."

"De lo expuesto precedentemente surge de modo evidente que las actuaciones administrativas iniciadas por la Dirección de Comercio Interior en fecha 23/7/2015 dejaron además configurada la causal de interrupción de la prescripción prevista en el citado art. 50 de la LDC (texto según Ley Nº 26.361), proyectándose sus efectos hasta el momento en el cual la decisión administrativa allí tomada quedó firme. Ello también conduce inevitablemente a negar que la acción administrativa hoy estudiada haya estado prescripta como erróneamente consideró la Cámara."

¿Cómo votaron los jueces?

La Dra. Claudia Beatriz Sbdar adhirió en los puntos resolutivos mayoritarios pero votó en disidencia respecto de la admisibilidad del recurso de casación, sosteniendo que el escrito recurrente no cumplió la exigencia de suficiencia de agravios prevista en el art. 751 CPCyC y que, por ello, debía declararse inadmisible el recurso. En sus palabras: "La omisión del recurrente de efectuar una crítica completa y razonada de la totalidad de los fundamentos ... determina la inadmisibilidad del recurso de casación examinado."