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Tribunal Superior

HOURCADE HECTOR DANIEL ANTONIO c/ CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ INDEMNIZACION/PAGO DE HABERES

El actor impugnó la cesantía decretada por la Caja Popular de Ahorros y solicitó la nulidad del acto administrativo por incompetencia del Presidente para imponer la sanción. La Corte hizo lugar a la casación, consideró que la Presidencia carecía de competencia material para aplicar la sanción de cesantía y que la ratificación posterior no subsanó la nulidad absoluta; se casó la sentencia de Cámara y se remitieron los autos para nuevo pronunciamiento.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
49797
Cesantia Competencia en razon de la materia Nulidad absoluta Ratificacion administrativa Ley 5.115 (carta organica cpa) Art. 15 ley 5.115 Art. 17 ley 5.115 Recurso de casacion Contencioso administrativo Costas

¿Quién es el actor?

Héctor Daniel Antonio Hourcade.

¿A quién se demanda?

Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de nulidad del acto administrativo que dispuso su cesantía; en subsidio, reincorporación o indemnizaciones por despido sin causa y daño moral.

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el actor, casó íntegramente la sentencia de la Cámara de fecha 3/8/2016 y remitió los autos para que la Cámara, con otra integración, dicte nuevo pronunciamiento. Se impusieron las costas de la instancia recursiva conforme se consideraron; se reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Analizadas ambas Resoluciones a la luz de la distribución de competencias fijada por la Ley N° 5.115, se observa que la Presidencia del Directorio carecía de competencia para aplicar la sanción de cesantía dispuesta por Resolución N° 331/02 de fecha 1 de octubre de 2002. Es que conforme surge del art. 15 de la Ley N° 5.115, es atribución del Directorio 'nombrar, trasladar, promover, sancionar y remover a los funcionarios y empleados de la Caja Popular', mientras que entre las atribuciones del Presidente del Directorio (reguladas en el art. 17 de la Ley N° 5.115), no figura la posibilidad de que el Presidente imponga sanciones a los funcionarios y empleados de la CPA."

"De lo analizado hasta aquí se puede observar que ninguna de las perspectivas de atribución de competencias autoriza a sostener que el Presidente del Directorio haya estado investido de facultades materiales para aplicar la sanción de cesantía al actor, correspondiendo recordar que los actos viciados por incompetencia en razón de la materia son nulos de nulidad absoluta."

"En esa lógica corresponde descartar el razonamiento de la Cámara con relación a la supuesta subsanación del vicio señalado a partir de la ratificación de la Resolución de Presidencia N° 331/02 mediante la Resolución del H. Directorio N° 125/02 (Acta N° 3.572) de fecha 7 de octubre de 2002 ..., en tanto se observa que dicho acto se limitó a ratificar la Resolución de Presidencia N° 331/02 (entre otras Resoluciones que ratificó sin exponer ningún fundamento sobre las decisiones adoptadas), es decir, no constituyó de ninguna manera una nueva resolución sino una simple ratificación de aquella Resolución de Presidencia N° 331/02. A su vez, la pretensa ratificación ... no es idónea para subsanar el vicio señalado, toda vez que, como dijimos, se trata de un vicio de incompetencia en razón de la materia, y por lo tanto, un supuesto de nulidad absoluta e insanable."

¿Cómo votaron los jueces?

El acuerdo fue adoptado por mayoría (votos de los Dres. Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse). Los Dres. Claudia Beatriz Sbdar y René Mario Goane votaron en disidencia.

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