ESPECHE LUIS RICARDO Y OTROS c/ CITYTECH S.A. s/ COBRO DE PESOS

¿Quién es el actor?

Luis Ricardo Espeche y otros (Valeria Alejandra Páez, Nicolás Antonio Rivas Casellas, Daniela Alicia Moyano, César Augusto Villalobos y Héctor Adrián Amaya).

¿A quién se demanda?

Citytech S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de pesos: diferencias de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/preaviso, integración mes de despido, SAC sobre integración del mes de despido, diferencias de vacaciones no gozadas y de SAC proporcional, y diferencias salariales por distintos períodos para cada actor; monto sentenciado en primera instancia $8.455.465,56 (según la resolutiva de grado).

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada; confirmar la sentencia del 26/08/2022; costas en cabeza de la demandada; regular honorarios a los letrados (Dr. Lucas Patricio Pena $348.974,95 y Dr. Miguel Ángel Nader $903.866,08).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La sentencia de primera instancia, al expedirse en la primera cuestión, expuso con suma claridad que: “Atento el plano fáctico mencionado, las pruebas adjuntadas y el marco normativo aplicable, considero que no corresponde aplicar a los actores el acuerdo de empresa pretendido por el demandado, por cuanto el Convenio Colectivo que se solicita incorporar a los fines de la resolución de esta, fue homologado por la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) el 23/10/2019, y notificado en diciembre del mismo año, fecha a la cual la relación laboral entre cada uno de ellos y la demandada se encontraba extinta, conforme las partes mismas lo exponen en sus respectivas demanda y contestación. Por lo tanto, no es posible la aplicación retroactiva de la convención colectiva pretendida, por cuanto, al momento del inicio de la relación laboral (a partir del año 2010 y hasta el 2018) e inclusive de su extinción, aquella no se encontraba vigente”."

"Procedo a transcribir uno y otro texto para una mayor comprensión. El art. 92 ter de la LCT sostiene: “El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional, que le corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley o convenio colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo. Si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa.”

El art. 198 del mismo digesto expresa: “La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo. Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedio, de acuerdo con las características de la actividad.”"

"Siendo así y, atendiendo a las previsiones del art. 92 ter LCT, debía de abonársele a los trabajadores el salario completo que prevé el CCT 130/75 al superar las 2/3 partes de la jornada prevista en la actividad (36 horas) por cumplimentar 30 horas semanales.

Ello por cuanto en el caso inclusive de existir duda, debe de estarse a las previsiones del art. 9 de la LCT, que en su 2° párrafo dispone: “Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador”. Directiva que responde al principio rector del derecho del trabajo, que es el principio protectorio regente de la materia, el que procura equilibrar la balanza ante la situación de desventaja del trabajador, premisa sobre la cual parte dicha normativa."

"Y en este sentido debe tenerse en cuenta lo dicho ya por la Corte de la Provincia en el pronunciamiento ya citado (“Jimenez”), razón por la cual me remito a la doctrina sentada por la Corte de la provincia en los precedentes expuestos ut supra.

A más de ello y, por entender así también que las normas poseen vigencia a partir de su homologación y posterior publicación y, al no encontrarse vigente los convenios que pretende hacer valer en autos el demandado, en tanto ya se encontraban extintos los vínculos laborales para cuando se formalizó su publicación, conforme lo determinó en la sentencia motivo de análisis el A Quo, es que considero se encuentra ajustada a derecho la sentencia cuestionada, coincidiendo con lo allí manifestado."

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución se adoptó por mayoría integrada por los Dres. Adolfo J. Castellanos Murga (voto que expone la fundamentación) y María del Carmen Domínguez (adhesión). No existen disidencias.