ALBORNOZ JOSEFINA ROSA c/ CAJA DE SEGUROS SA (EX CSVSA) s/ COBROS (ORDINARIO)

¿Quién es el actor?

Albornoz Josefina Rosa.

¿A quién se demanda?

Caja de Seguros SA (ex CSVSA).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro por póliza de seguro colectivo por incapacidad (25 sueldos según póliza base, con aplicación del porcentaje de incapacidad del 22,5%) y $20.000 por daño moral.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente al recurso de revocatoria contra la sentencia de regulación de honorarios n.º 91/2023; se revocó parcialmente el punto II, inciso b) de la resolución y, en sustitutiva, se reguló a favor del letrado Raúl E. M. Tejerizo $3.083,38 y a favor del letrado Martín T. Tello $100.000 por la contestación del recurso contra la sentencia de honorarios; se ordenó notificar a la Caja de Previsión y no se impusieron costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Del considerando 2 (parcialmente transcripto por su relevancia en cuanto a la base regulatoria):

"Surge de autos que por sentencia nº 47 de fecha 28/2/2020, la Sra. Juez a quo dejó establecido que la suma a abonar a la actora es el equivalente a 25 sueldos según póliza base de la acción, sin embargo, se observa que en el punto 3 del considerando, dispuso que 'al haberse comprobado la incapacidad parcial, permanente y definitiva de la actora en un porcentaje del 22.5%, y de acuerdo a todos los parámetros analizados, teniendo en cuenta además que la Sra. Albornoz (conforme surge de fs. 143/144) obtuvo un cambio de función en el establecimiento educativo donde se desempeñaba laboralmente, conforme fuera requerido por ART por razones de salud (es decir que se vio imposibilitada de continuar con sus tareas habituales), y su condición de consumidora, corresponde condenar a la demandada al pago del seguro contratado'; mientras que, en el punto 4, dispuso '(…) La actora, en su escrito inicial, indica que esta acción tiene por objeto el cobro de una suma dineraria en concepto de premio por la póliza que mensualmente la accionada descuenta de su haber mensual como dependiente del Ministerio de Educación... Que por ello el reclamo es de $60.000 en concepto de indemnización del siniestro del seguro colectivo voluntario del cual la actora es beneficiaria, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos'. De ello se desprende, y como lo señaló este Tribunal en la sentencia recurrida, que la base regulatoria no se conforma sólo por el capital asegurado, sino que también debe tenerse en cuenta el porcentaje de incapacidad (no cuestionado por las partes); que ello determina el interés económico de las actuaciones y conforme al cual se trabó la litis. La sentencia debe considerarse como un todo, no es posible hacer un análisis parcializado de la misma, por lo cual debe tenerse en cuenta que la actora inició el proceso a fin de obtener el cobro de la indemnización por el seguro colectivo de vida e incapacidad sobreviniente, más daño moral; siendo correcta la determinación de la base regulatoria realizada por este Tribunal, se rechaza el agravio al respecto."

2) Sobre la aplicación de pautas arancelarias colegiales (misma parte del considerando 2):

"Ahora bien, en lo relativo a la omisión en efectuar la determinación arancelaria a favor de su mandante en una consulta escrita de abogado fijada por el Colegio de Abogados del Sur en el monto de $100.000, y no en la suma de $75.000; que incidió en el monto determinado por el trabajo de su patrocinada en el incidente de excepción de prescripción liberatoria; como se determinó en la sentencia recurrida; tampoco le asiste razón al recurrente, ello en atención que la regulación fue practicada en fecha 8/2/2023, fecha en la cual se mantenía vigente la resolución n° 170/22 de Presidencia del Colegio de Abogados del Sur (de fecha 8/9/2022); la cual fue modificada por resolución n° 36/23 de Presidencia del Colegio de Abogados del Sur de fecha 1/3/2023. Por ello, corresponde aplicar a la regulación efectuada por la Sentenciante la resolución n° 170/22; mientras que a la regulación efectuada por este Tribunal, corresponde aplicar la resolución n° 36/23, vigente al momento de la regulación de los honorarios de esta instancia."

3) Sobre la regulación de oficio a favor del letrado Tello (considerando 2):

"Por último, en cuanto a la valoración de la labor efectuada por el letrado Martín Tadeo Tello, por la contestación de agravios del recurso de apelación interpuesto por el letrado Raúl Eugenio Martín Tejerizo, efectuado bajo su dirección jurídica; se advierte del escrito de fecha 23/3/2023, que efectivamente el letrado Martín Tadeo Tello suscribió el escrito mediante firma digital, por lo cual corresponde otorgar procedencia a la regulación conforme lo peticionado, en razón de haber omitido este Tribunal dicho cálculo. Por ello, si bien es cierto como señala la Aseguradora que el letrado no cuestionó por derecho propio, sino únicamente como representante de la recurrente De la Barra y por ello el agravio no podría prosperar, sin embargo, en virtud de lo normado por el art.20 de la Ley 5480, que en su primera parte prescribe que: 'Aún sin petición del interesado, al dictarse sentencia se regularán los honorarios de los abogados y procuradores de las partes', es que cabe de oficio, en lo relativo a las actuaciones en esta instancia, proceder a regular honorarios al letrado Martín Tadeo Tello en su carácter de patrocinante por la contestación del recurso en contra de la sentencia de honorarios de fecha 7/2/2023, resuelto por este Tribunal, mediante sentencia de fecha 9/5/2023, en la suma de $1.627,59 que resulta de $602.812,17 x 9%= $54.253,09 x 30%= $16.275,92 10% (art. 59).

Efectuados los cálculos se observa nos da una suma inferior a la consulta mínima, por lo que de conformidad al art. 38 in fine de la citada ley, se fijarán los emolumentos profesionales en el valor de la misma, que a la fecha asciende a la suma de $100.000 (conforme resolución n° 36/23 de Presidencia del Colegio de Abogados del Sur de fecha 1/3/2023)."

4) Del apartado sobre costas (considerando 3):

"En cuanto a las costas, atento la naturaleza de la cuestión, y que se regularon los honorarios del letrado Martín Tadeo Tello de oficio en atención de haber incurrido en una omisión de regulación de este Tribunal, de conformidad a lo normado por el art. 20, primera parte de la Ley 5480, no corresponde imposición conforme al arts. 61, 62 y 63 NCPCCT."

¿Cómo votaron los jueces?

El bloque dispositivo final y la firma de dos juezas (Ibáñez de Córdoba y Posse) constituyen la decisión de la mayoría; no se registran votos en disidencia.