PROVINCIA DE TUCUMAN - D.G.R. - c/ MIJASI S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL
La Dirección General de Rentas promovió casación contra la confirmación de la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 1.961/3 (imposición de alícuota distinta al 0% sobre actividades exentas). La Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó la casación y confirmó la procedencia de la excepción de inhabilidad de título: el decreto fue declarado nulo por exceder la delegación legislativa y vulnerar los compromisos del Pacto Fiscal, haciéndose inexigible la deuda reclamada al agente de percepción.
¿Quién es el actor?
Provincia de Tucumán - Dirección General de Rentas (parte ejecutante).
¿A quién se demanda?
Mijasi S.R.L. (ejecutada, agente de percepción).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución fiscal por cargo tributario (boleta Nº BD/1348/2009) por $872.782,94 ( $422.246,50 impuesto y $450.536,44 intereses) por impuesto sobre los ingresos brutos en carácter de Agente de Percepción.
¿Qué se resolvió?
La Corte rechazó el recurso de casación interpuesto por la Provincia y confirmó la sentencia de la Cámara que declaró la inconstitucionalidad del Decreto N° 1.961/3 del 12/09/2002 y, por ende, la inexigibilidad de la deuda ejecutada respecto del agente de percepción. Se impusieron las costas al recurrente de esta instancia.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Con el dictado del Decreto Nº 2.507 del 12-11-93 modificado por Decreto Nº 257/3 del 21-02-94, la facultad delegada por la ley ha sido ejercida por el PE quien fijó una alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad del actor, en un rango del cero por ciento (0%) en procura de concretar una política de paulatina desgravación impositiva establecida por el marco jurídico del Pacto Federal... Como necesaria consecuencia de lo hasta aquí expuesto, cabe concluir que sí deviene inconstitucional el Decreto N° 1.961, del 12-9-2002, ya que en tanto deja sin efecto la alícuota del 0% del Impuesto a los Ingresos Brutos, excede los límites de la delegación legislativa acordada, pues se aparta de la política legislativa tenida en cuenta por el legislador al delegar..." (voto mayoritario, citando CSJTuc. “Compañía Azucarera Los Balcanes”).
"la existencia de la deuda como su exigibilidad son de la esencia de todo proceso de ejecución, resulta entonces que planteada la cuestión, los tribunales deban considerar si se trata, la ejecutada, de deuda existente y exigible, pues no se puede llegar al extremo del rigor formal de condenar a una deuda cuya inexistencia o inexigibilidad luzca palmariamente de las constancias mismas de la causa". (cita doctrinal y jurisprudencial incorporada por la Corte).
"En ésta última tesitura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que 'los tribunales inferiores están obligados a tratar y resolver adecuadamente, en los juicios de apremio, las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos...'" (citas y aplicación al caso).
¿Cómo votaron los jueces?
Mayoría integrada por los Vocales Gandur, Goane y Sbdar (confirmatoria del fallo que declaró la nulidad del Decreto N° 1.961/3 y la inexigibilidad del crédito); voto en disidencia del Vocal Posse, quien proponía hacer lugar a la casación y declarar constitucional el decreto, revocar la sentencia de Cámara y reenviar las actuaciones al tribunal de origen.
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