ALVAREZ JORGE BENITO Y OTROS s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA

¿Quién es el actor?

Letrada Carolina M. Prieto (ejecutante de honorarios, derecho propio).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (representación letrada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución y embargo para cobrar honorarios regulados por sentencia de fecha 28/3/2016 por $6.975 y $2.092 (total $9.067) más aportes y acrecidas.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad y se declaró, para el caso, la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 4 (último párrafo) de la Ley Nº 8.851 y del art. 2 del Decreto Nº 1.583/1 (FE), permitiéndose así continuar con la ejecución contra la Provincia; costas por el orden causado; regulación de honorarios reservada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"II.- Que de lo que antecede, se infiere prístinamente que el crédito por la suma dineraria en concepto de honorarios mencionada, por el que se impetra la declaración de inconstitucionalidad en análisis, inviste incuestionablemente, en la especie, naturaleza alimentaria.

Así, se ha expresado que '…la jurisprudencia, tras analizar el espíritu, naturaleza y alcance de los honorarios, concluyó mayoritariamente en que la retribución profesional efectivamente goza de dicho carácter alimentario, posición que también comparte la doctrina (…)' (cfr. Passarón, Julio Federico y Pesaresi, Guillermo Mario: 'Honorarios judiciales', T. 1, págs. 76/77). La jurisprudencia de este Superior Tribunal de Justicia se ha manifestado en forma coincidente con esta apreciación (cfr. CSJT: sentencias Nº 1023, del 18/11/2005; Nº 386, del 04/5/2009; Nº 797, del 18/10/2010; Nº 361, del 21/5/2012, entre otras)."

"Por lo tanto, ante la omisión de previsión en la legislación en examen de una excepción al principio general establecido en aquella para ordenar temporalmente el pago de las deudas, que tome en consideración la naturaleza alimentaria del crédito impago, no existe otro camino que declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley Nº 8.851 ('Los recursos asignados anualmente por el Poder Legislativo de la Provincia se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva'), del art. 2 del Decreto Nº 1.583/1 (FE), del 23/5/2016, y del art. 2 de la precitada Ley Nº 8.851 (en cuanto consagra la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público)."

"En suma; no parece discutible que, en el sub examine, teniendo en cuenta las particulares circunstancias anteriormente señaladas, las normas legales en cuestión que obstaculizan el embargo de los recursos del estado, traducen una afectación irrazonable a su crédito alimentario y, por ende, lesiva al derecho de propiedad que le asiste."

¿Cómo votaron los jueces?

El fallo está firmado por el Tribunal y contiene voto agregado del Vocal Antonio Gandur que expone fundamentos coincidentes; no consta disidencia que modifique la solución del acuerdo.