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Cámara de Apelaciones

LOPEZ NICOLAS JAVIER c/ IBAÑEZ NELIDA DEL CARMEN s/ COBRO EJECUTIVO

El actor promovió cobro ejecutivo de un pagaré por $525.000 alegando naturaleza cambiaria. La Cámara confirmó la declaración de incompetencia territorial del juez de grado por entender que existen indicios suficientes de que se trata de un pagaré de consumo y, en consecuencia, correspondía tramitar ante el juez del domicilio del consumidor conforme al art. 36 Ley 24.240.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL EN DOC. Y LOCACIONES Y FAMILIA Y SUCES. - CONCE - Sala en lo Civil en Documentos y Locaciones (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL EN DOC. Y LOCACIONES Y FAMILIA Y SUCES. - CONCE - Sala en lo Civil en Documentos y Locaciones
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
339/22
Cobro ejecutivo Pagare de consumo Competencia territorial Ley 24.240 Art. 36 ldc Examen de titulo ejecutivo Orden publico consumeril Intimacion de pago Principio iura novit curia Remision por incompetencia.

¿Quién es el actor?

Nicolás Javier López.

¿A quién se demanda?

Nélida del Carmen Ibáñez.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo de un pagaré suscripto por $525.000 con vencimiento el 24/08/2022.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la sentencia de fecha 11/05/2023 que declaró de oficio la incompetencia territorial del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de Concepción y remitió las actuaciones al juez del domicilio del consumidor (San Miguel de Tucumán).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Texto íntegro (párrafos relevantes transcritos literalmente de la sentencia):

"En conclusión, se aprecia que la Sra. Jueza de grado, antes de despachar mandamiento de intimación de pago, ya había detectado indicios que le hacían presumir que el pagaré, cuya ejecución se pretende, emanaba de una relación de consumo, como ser la existencia de numerosos procesos ejecutivos en trámite que fueran incoados por el actor, más la condición de persona física de la deudora, el valor del crédito reclamado, etc., sumados estos elementos a los ya conocidos y conectando cada uno de ellos en forma razonada (principio de sana critica, art. 136 procesal), conforman un cuadro que permite arribar a la Juzgadora a la conclusión de que el pagaré ejecutado emerge de una relación de consumo, por lo que debe cumplir para la procedencia de la acción ejecutiva los recaudos previstos en art. 36 de la ley 24.240. Queda desvirtuada de esta manera la relación meramente cartular, y las exigencias formales del decreto 5965/63."

"La Ley de Defensa del Consumidor tiene carácter de orden público (art. 65), razón por la cual las reglas de competencia establecidas en ella no pueden ser modificadas por voluntad expresa o implícita de las partes, estipulando expresamente el art. 36 que serán nulos los pactos en contrario... Siendo posible que exista una relación de consumo y que corresponda la aplicación del artículo 36 de la ley 24.240, como acontece en la especie, debe tenerse en cuenta el principio rector conforme el cual, en los supuestos que exista duda ya sea en el carácter de consumidor o usuario del ejecutado, en la condición de proveedor del ejecutante o en la calificación de la relación, deberá estarse por la interpretación más favorable al consumidor..."

"R E S U E L V E: I°) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia de fecha 11 de mayo de 2023, conforme se considera. II°) COSTAS: según lo considerado. III°) HONORARIOS: oportunamente."

Citas textuales importantes incorporadas en la decisión: la referencia al art. 36 Ley 24.240 como norma de orden público y la obligación del juez de indagar y privilegiar la interpretación más favorable al consumidor cuando existan indicios razonables de relación de consumo; así como la constatación de indicios (seis juicios ejecutivos previos, condición de persona física de la deudora, monto reclamado) que justificaron la diligencia del juez de grado.

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia aparece suscripta por los Dres. Ana Carolina Cano y Roberto R. Santana Alvarado sin disidencia señalada; el fallo resolutivo corresponde al acuerdo de la Sala.

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