PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ SALAZAR RICARDO ADRIAN s/ EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán - Dirección General de Rentas (D.G.R.)

¿A quién se demanda?

Ricardo Adrián Salazar

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución fiscal de multa administrativa por omisión en declaración jurada anual (boleta de deuda BTE/460/2021) por $230.725,10.

¿Qué se resolvió?

La Sala de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, por mayoría, desestimó el recurso de casación interpuesto por la Provincia y confirmó la declaración de prescripción de la acción para imponer la multa (la Cámara había aplicado el plazo del Código Penal: 2 años), con costas de esta instancia a la actora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original):

"Recuerda que en casos como el presente, donde la ejecución versa sobre multas resueltas por la autoridad tributaria, la jurisprudencia nacional viene admitiendo uniformemente la naturaleza punitiva de las sanciones pecuniarias -multas- impuestas por la administración, lo que motiva la aplicación de los principios generales y normas del derecho penal común. Reseña jurisprudencia que da cuenta que la prescripción en materia penal es un instituto de orden público que opera de pleno derecho y es declarable de oficio, previo a cualquier decisión sobre el fondo del asunto y en cualquier instancia o grado del proceso."

"Dijo, en el referido fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

4°) Que la sanción aplicada a la actora -cuya prescripción aquí se persigue- es de carácter penal pues, 'si bien puede existir en los casos de multas un interés de tipo fiscal en su percepción, esto no altera su naturaleza principalmente punitiva', de donde se deriva la aplicabilidad a la materia de los principios del derecho penal, según lo prescribe el art. 4° del Código Penal' (Fallos: 288:356). Cabe añadir que ello es así pues los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate, por lo que corresponde estar a las disposiciones de ese cuerpo normativo (arg. de Fallos: 335:1089). Finalmente, no es ocioso recordar que las multas funcionan como penas y no como indemnización, y que son sanciones ejemplificadoras e intimidatorias, indispensables para lograr el acatamiento de las leyes que, de otra manera, serían burladas impunemente (Fallos: 185:251 y 198:139)."

"En mérito a las razones expuestas precedentemente, corresponde no hacer lugar al recurso de casación incoado por la parte actora contra la sentencia Nº 77 de la Excma. Cámara de Cobros y Apremios del Centro Judicial de Concepción, de fecha 30 de junio de 2022."

¿Cómo votaron los jueces?

La Dra. Eleonora Rodríguez Campos (voto preopinante) y los Dres. Claudia Sbdar y Daniel Posse votaron por rechazar la casación y mantener la aplicación del régimen penal de prescripción; el Dr. Daniel Leiva votó en disidencia favorable a casar la sentencia por insuficiente motivación y por la necesidad de que la Cámara fundamente por qué considera irrelevantes los artículos 2532 y 2560 del CCCN y no declare inconstitucionales las normas del Digesto Fiscal aplicables.