GONZALEZ DOMINGO AVELINO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
El actor demandó a la Provincia de Tucumán por daños y perjuicios por la muerte de su esposa e hijo por una creciente del río Grande. La Corte provincial hizo lugar al recurso de casación, dejó sin efecto la sentencia de la Cámara y remitió el expediente para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a la doctrina de la Corte Suprema de la Nación y la doctrina legal de esta Corte.
¿Quién es el actor?
González Domingo Avelino (parte actora).
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán (Estado provincial).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Daños y perjuicios por la responsabilidad estatal atribuida a la omisión de adoptar medidas de seguridad o prevención respecto de una creciente del río Grande que provocó el fallecimiento de la esposa e hijo del actor.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la actora, se dejó sin efecto la sentencia nº 360 del 27/05/2015 dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y se remitió el expediente al Tribunal de origen para que, con la integración que corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento conforme lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina legal de esta Corte. Se impusieron costas conforme al orden causado y se reservó pronunciamiento sobre honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De los antecedentes del caso, resulta relevante destacar que la parte actora entabló esta demanda contra el Estado Provincial por la responsabilidad que le atribuye en la omisión de adoptar las medidas de seguridad o de prevención de los hechos que dieron motivo al fallecimiento del hijo y de la esposa del actor. Cabe recordar que, de acuerdo a los hechos acreditados en autos, dicho fallecimiento se produjo como consecuencia de una creciente en el río Grande, en la localidad de El Siambón a la altura del km. 40 de la ruta provincial 341, donde se encontraban Gladys Moralez y su hijo Leandro Gonzalez bañandose en las aguas del río."
"Para decidir de este modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que resultaba 'dogmática la afirmación del a quo respecto a que ninguna obligación cabía a la demandada de advertir a la población sobre el riesgo potencial del uso recreativo del río cuando aquella no podía ignorar que, durante los meses de verano, gran cantidad de personas acudían allí para pasar el día, independientemente de que hubiese o no un balneario regularmente constituido' (considerando 5°), indicando además la existenica de ciertos elementos de prueba al respecto."
"Además, señaló que 'que tampoco se valoró adecuadamente si la omisión atribuida a la provincia de implementar un sistema de alarma de crecientes a efectos de prevenir a la población sobre sus eventuales consecuencias, podía constituir un incumplimiento de los deberes impuestos a la provincia por la ley 3921. En efecto, dicha norma, al establecer las obligaciones que atañen a la “defensa civil” en el ámbito provincial, preceptúa que por esta se entiende “el conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la naturaleza, o cualquier desastre de otro origen, puedan provocar sobre la población y sus bienes y, además, contribuir a restablecer el ritmo normal de vida de la zona afectada” (art. 2°). El examen relativo al alcance del precepto transcripto, resultaba conducente a efectos de verificar tanto la omisión en el cumplimiento del deber de seguridad atribuida a la demandada, como si aquella tenía la obligación de informar a los habitantes acerca de los riesgos existentes en el lugar, sobre todo si la zona era de fácil acceso (confr. Fallos: 333:1623)' (considerando 6°)."
"De acuerdo al criterio sentado por la Corte, esta deficiencia en 'la valoración de la prueba y la normativa aplicable resulta relevante a la hora de determinar si en el caso concurre el factor de atribución del art. 1112 del Código Civil (entonces vigente). La falta de servicio regulada en dicha norma, según conocida jurisprudencia de esta Corte, exige una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad estatal, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (ver Fallos: 343:184 y sus citas)' (considerando 7°)."
¿Cómo votaron los jueces?
los tres vocales (Rodríguez Campos, Posse y Casas) adhirieron a los fundamentos y resolvieron en el sentido consignado en el apartado resolutivo final.
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- Ley 340Codigo civil
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