BARBIERI Y CIA SACIFIA Y OTROS s/ CONCURSO PREVENTIVO

¿Quién es el actor?

La concursada Barbieri y Cía. SACIFIA (representada por apoderado Miguel E. Marcotullio) y la sindicatura (Estudio Monmany Asociados representado por CPN Vicente A. Monmany) interpusieron recursos de apelación.

¿A quién se demanda?

La resolución dictada por el Juzgado de primera instancia que rechazó la homologación del acuerdo preventivo de fecha 01/02/2017 y aplicó una multa a sindicatura.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se reclama la homologación del acuerdo preventivo arribado en autos y la revocación de la multa impuesta a sindicatura.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar a los recursos de apelación de la concursada y de sindicatura, revocó la sentencia de 01/02/2017 en todas sus partes y, en la sustitutiva, homologó el acuerdo preventivo (art. 52 inc. 1º ley 24.522). Asimismo dejó sin efecto la multa impuesta a sindicatura. Costas por el orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En cuanto a la configuración del supuesto invocado por el Juez concursal para fundar su decisión de no homologar el acuerdo preventivo arribado en autos, esto sería la existencia de una propuesta abusiva por parte de la concursada, cabe precisar que tal situación se presenta cuando se simula una situación patrimonial ilusoria o irreal, con intención de inducir a los acreedores al voto favorable de una propuesta que, fatalmente, nunca podrá cumplirse. La existencia de actitud dolosa aparece confirmada jurisprudencialmente, al sentenciar que “la ocultación o exageración fraudulenta del activo requiere un elemento subjetivo, el obrar ilícito, con dolo, cuya prueba debe surgir claramente del proceso o ser aportada por el acreedor impugnante, demostrando la trascendencia en las cifras totales comprometidas” (Pablo Barbieri, Conc. y Quiebras – Ley 24.522 com. y conc., pag. 176/177)."

"Tal conducta fraudulenta atribuida a la concursada respecto de sus acreedores no surge acreditada en autos, sin perjuicio de la declaración de ineficacia de pleno derecho (art. 17 LCQ) respecto de la enajenación de algunos inmuebles de los concursados, en función de la omisión de autorización judicial previa requerida para el caso de los bienes registrables, conforme a las previsiones del art. 16 ley concursal. Tales actos no necesariamente se traducen en maniobras tendientes a defraudar a sus acreedores, puesto que la referida ineficacia sólo tendrá operatividad en el caso de que el presente concurso devengue en quiebra, y en nada afectan la decisión de aquellos, ya que aún habiendo tomado conocimiento de tales actos de disposición del concursado, tampoco invocaron perjuicio alguno derivado de los mismos ni efectuaron ningún planteo de nulidad, sino que, contrariamente a ello, prestaron libremente su conformidad con la propuesta de acuerdo formulada por el deudor concursado."

"Pasando a considerar la queja referida a la sanción impuesta en autos a la sindicatura por el Juez concursal, lo que es materia de sus agravios, cabe destacar que prima facie no se advierte que la actuación cumplida por dicho funcionario concursal haya sido negligente. En efecto, según surge de la compulsa de autos, el síndico presentó en debida forma todos los informes previstos en la LCQ, sin que le quepa responsabilidad alguna respecto a las omisiones en que incurrió la concursada con relación a la denuncia de los bienes que integran su patrimonio, aconsejando incluso se mantenga la medida cautelar que pesa sobre los inmuebles de la concursada en el incidente nº 4074/01-i14. (...) En mérito a los argumentos arriba desarrollados, corresponde dejar sin efecto la multa impuesta a sindicatura."

¿Cómo votaron los jueces?

Votaron a favor la Dra. Marcela Fabiana Ruiz (voto principal) y el Dr. Augusto Fernando Ávila. La Dra. Laura A. David votó en disidencia parcial (propuso confirmar la sentencia en lo relativo a rechazo de homologación y reducir a la mitad la multa a sindicatura), por lo que la decisión de la mayoría es homologar el acuerdo y dejar sin efecto la multa.