ZELARAYAN MARIA JOSE Y OTRA c/ AMAYA PAMELA VERONICA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
La perito-contadora promovió ejecución de honorarios regulados por $3.013,11 tras caducidad de la instancia principal. La Cámara rechazó el recurso de la aseguradora y confirmó la ejecución contra quien propuso la prueba, aplicando la ley arancelaria provincial (ley 7.897) y autorizando intereses a tasa activa desde el vencimiento.
¿Quién es el actor?
CPN Hilda Soledad Sánchez (perito-contadora ejecutante).
¿A quién se demanda?
Liderar Cía. General de Seguros S.A. (apoderada por letrado) y en su origen la parte actora condenada en costas.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución de honorarios regulados judicialmente por la perito por $3.013,11, más intereses moratorios.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó (no hacer lugar) el recurso de apelación deducido por la aseguradora; se confirma la posibilidad de ejecutar contra quien propuso la pericia conforme art. 29 ley 7.897, se impusieron costas del recurso al apelante y se confirmó la aplicación de intereses a tasa activa hasta el efectivo pago; se reservó pronunciamiento sobre honorarios de la causa.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Consta en autos que abierta la causa a pruebas, la apelante ofreció pericia contable (cfr. fs. 152), resultando sorteada la CPN Sánchez, quien presentó el dictamen agregado a fs. 157/160. El proceso concluyó por caducidad de la instancia principal, con imposición de costas a la parte actora (cfr. sentencia del 26/3/2012, fs. 90), y una vez firme dicha resolutiva se regularon honorarios a los profesionales intervinientes. Entre ellos la nombrada, cuya retribución se cuantificó en la suma de $3.013,11.
La regulación de honorarios del perito contador se rige por la ley arancelaria en vigencia al tiempo de desarrollar su labor profesional, porque su crédito tiene como causa la realización del trabajo encomendado. En el caso, la labor de la perito se cumplió cuando ya estaban vigentes las modificaciones introducidas por la ley N° 7987. ... la ley N° 7.897 dispone en su art. 29 que 'Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse por la parte condenada en costas dentro de los diez (10) días de quedar firme el auto regulatorio, si no se fijare un plazo menor. En el supuesto de que dicho pago no se efectuare, el profesional podrá reclamar el pago a la parte que propuso la tarea profesional. Ésta deberá abonarlos dentro de los diez (10) días de notificada del reclamo profesional'. ... Por consiguiente, la resolución apelada se ajusta a derecho al aplicar la normativa expresa que autoriza a la perito a accionar contra quien propuso la realización de esta prueba, de manera exclusiva o conjuntamente contra el condenado en costas; pues quedó habilitada para reclamar su pago contra el oferente de la prueba si aquél no lo efectuaba en el plazo previsto por la ley, como aconteciera en el caso (arg. arts. 29 y 30, ley 7.897). ... Por lo considerado, el agravio se desestima."
"Contrariamente a lo sostenido por el apelante, el auto regulatorio referido se limitó a determinar la base para regular honorarios teniendo en cuenta el monto reclamado en la demanda, al que sumó intereses calculados a tasa pasiva. Lo así resuelto nada predica acerca de los intereses futuros en caso de que los emolumentos no sean abonados tempestivamente. Dada la naturaleza alimentaria del crédito originado en la labor profesional desempeñada por la perito y el contexto económico durante el que se mantuvo la mora, es justo que el capital reclamado devengue intereses a la tasa activa fijada en la anterior instancia, desde que los mismos debieron abonarse y hasta su efectivo pago. El apelante no proporciona otros fundamentos que adviertan un enriquecimiento indebido de la profesional ejecutante, y según criterio de esta Sala, en la actualidad puede considerarse un hecho notorio la pérdida del valor intrínseco del dinero."
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre dos miembros del Tribunal (primer y segundo votante). No consta disidencia mayoritaria.
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