VARELA JUAN CARLOS c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El coactor ejecutó capital por diferencias previsionales por $561.318,01 contra la Provincia de Tucumán. La Cámara declaró de oficio la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 4 (último párrafo) de la Ley Nº 8.851 y del artículo 2 del Decreto Nº 1.583/1-(FE) y ordenó avanzar con la ejecución hasta el íntegro pago del crédito por naturaleza alimentaria.
¿Quién es el actor?
Coactor Ángel Ricardo Salguero (en autos Varela Juan Carlos y otros c/ Provincia de Tucumán).
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución de capital por diferencias previsionales reconocidas en sentencia de fondo, por la suma reclamada de $561.318,01 (más gastos, costas e intereses), conforme planilla aprobada el 27/05/2022.
¿Qué se resolvió?
Se declaró de oficio la inconstitucionalidad, para el caso, de los artículos 2 y 4 (último párrafo) de la Ley Nº 8.851 y del artículo 2 del Decreto Nº 1.583/1-(FE) del 23/05/2016; se ordenó llevar adelante la ejecución hasta hacerse efectivo el pago íntegro de $561.318,01; se impusieron las costas a la Provincia; se reservó regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En concreto, lo trascendente en este caso es hacer hincapié en que el señor Ángel Ricardo Salguero nació el 16/01/1937 (fs. 144) por lo que actualmente tiene la edad de 86 años, es jubilado y que, como se dijo, el crédito que pretende ejecutar tiene su origen en diferencias previsionales reconocidas en este juicio."
"En el precedente 'Dumit' la Corte Provincial ponderó que la omisión de la ley Nº8.851 de prever alguna excepción al principio general de ordenar temporalmente el pago de las deudas para los casos en los que el crédito tenga naturaleza alimentaria, no deja otro camino que el de declarar la inconstitucionalidad de sus artículos 2 y último párrafo del 4, como así también del artículo 2 de su decreto reglamentario, por ser disposiciones contrarias a las garantías constitucionales consagradas en los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional."
"En definitiva, la norma resulta inconstitucional en este caso debido a que en aras de ordenar temporalmente el pago de las deudas, la Provincia de Tucumán ha omitido establecer una excepción que tome en consideración alguna de las especiales y particulares características que se presentan en esta situación, como por ejemplo, la naturaleza alimentaria del crédito impago y la edad del acreedor."
Y del bloque dispositivo final (texto literal):
"I- DECLARAR DE OFICIO LA INCONSTITUCIONALIDAD, para el caso de autos, de los artículos 2 y 4, último párrafo, de la ley Nº 8.851, como así también del artículo 2 del Decreto Nº 1.583/1-(FE) del 23/05/2016.
II- ORDENAR se lleve adelante la presente ejecución de capital seguida en estas actuaciones por el coactor Ángel Ricardo Salguero contra la Provincia de Tucumán hasta hacerse la parte acreedora íntegro pago de la suma reclamada de $561.318,01 (pesos quinientos sesenta y un mil trescientos dieciocho con un centavo) en concepto de capital y conforme la planilla de liquidación aprobada por providencia del 27/05/2022, con más gastos, costas e intereses, en las condiciones consideradas.
III- COSTAS conforme se considera.
IV- RESERVAR regulación de honorarios para su oportunidad."
(Voto en minoría o disidencia: no consta disidencia en el acuerdo final; la resolución final es la que figura en el bloque dispositivo).
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