RODRIGUEZ CAMPOS DE GARCIA VEGA NELIDA c/ FELIPE ARTURO ANTONIO s/ NULIDAD

¿Quién es el actor?

Nélida Rodríguez Campos de García Vega.

¿A quién se demanda?

Arturo A. Felipe; Emma del V. Felipe; La Paulina S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de actos jurídicos; además la actora había introducido un reclamo resarcitorio por $3.000.000.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación de la actora contra los decretos de fecha 03/06/2003 y 01/09/2003 que habían dispuesto la suspensión del trámite por falta de pago de la tasa de justicia; dichos decretos se dejan sin efecto y el trámite debe proseguir según su estado hasta que esté en condiciones de dictarse sentencia definitiva, oportunidad en la que se deberá verificar el cumplimiento de los recaudos fiscales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En esa dirección, no pasa inadvertido que con posterioridad a las actuaciones procesales analizadas, se ha modificado la redacción del art. 112 del Código Tributario Provincial (ley 5121) mediante la ley 8379 promulgada en fecha 2/12/2010 (texto consolidado ley 8240/2010), que quedó redactado de la siguiente manera: 'Los jueces… no podrán dar curso a… expedientes… sin que previamente se acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias respectivas... Los obligados darán intervención inmediata a la autoridad de aplicación reteniendo las actuaciones hasta tanto aquélla informe que se ha regularizado la obligación impositiva, salvo para el caso de expedientes judiciales en los cuales los jueces podrán dar curso a las causas en las cuales intervengan pero no dictar sentencia hasta la acreditación de la regularización respectiva'."

"Es decir que se acuerda la facultad a los magistrados de diferir la oportunidad de pagar la tasa de justicia hasta el momento anterior al dictado de la sentencia definitiva que resuelva el conflicto.

En mérito a ello, dado el dilatado trámite del juicio y la alegada imposibilidad de pago esgrimida por la actora, el Tribunal estima que procede revocar los proveídos impugnados con base en la normativa citada. El trámite de la causa deberá proseguir según su estado, hasta que esté en condiciones de dictarse sentencia definitiva, oportunidad en la que deberá verificarse el cumplimiento de los recaudos fiscales a su cargo, según correspondiere.

La interpretación que se propicia es la que mejor se compadece con el art. 40 inc. 9 de la Constitución de la Provincia.

Las costas se imponen en el orden causado porque el Tribunal resuelve en base a argumentos propios derivados del cambio de legislación (arts. 105 inc. 1 y 107 CPCC)."

¿Cómo votaron los jueces?

la sentencia fue dictada por dos miembros del Tribunal con coincidencia de votos entre el primer y segundo votante (art. 23 bis, LOPJ).