FELER SERGIO HORACIO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- s/ INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Sergio Horacio Feler.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán - Dirección General de Rentas (D.G.R.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se pidió la nulidad de la resolución administrativa que aplicó una multa prevista en el artículo 292 del Código Tributario Provincial por la presunta radicación del vehículo en la Provincia de Tucumán; asimismo se planteó la inconstitucionalidad de la norma aplicada.

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia Nº 932 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (23/9/2016), casó íntegramente ese acto jurisdiccional y remitió la causa al tribunal de grado para que, por la Sala que corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento. Se impusieron las costas a la parte vencida en la instancia de casación y se reservó la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Se declaró la admisibilidad del recurso de casación por cumplir plazos y requisitos legales y porque estaba fundado en la alegación de arbitrariedad.

Se consideró que la cuestión central es de hecho (el domicilio real del actor y la radicación del automotor) y que la Cámara de grado omitió valorar adecuadamente un elemento probatorio relevante: el título de dominio que acreditaba la inscripción del vehículo en Salta.

La omisión de valoración condujo a arbitrariedad, por lo que corresponde dar por configurado un vicio que justifica la casación y la remisión para nuevo pronunciamiento.

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del tribunal):

"La respuesta afirmativa a dicho interrogante se impone en la medida que el argumento basal de la sentencia, que niega que Salta sea el lugar de radicación del vehículo dominio FNQ 117, no condice con los términos contundentes del correspondiente título de propiedad; sin que, por lo demás, se adviertan razones válidas que autoricen al judicante a prescindir de la certificación que diera cuenta la autoridad registral a través de dicho instrumento público, máxime cuando no se encuentra probado -ni siquiera se ha invocado- en la especie que aquel haya sido redargüido de falsedad.

Téngase presente que se trata de una cuestión relevante, toda vez que las circunstancias comprobadas por el registro, al proceder a la inscripción de un vehículo en la jurisdicción en la que el titular del dominio acreditara tener su domicilio real de conformidad con la reglamentación pertinente (esto es, mediante la presentación del DNI), no quedan desvirtuadas ni pierden actualidad a los efectos de la recta composición de la litis por el hecho de que actor contare, además, con domicilio fiscal en la Provincia de Tucumán, donde también ejerce su actividad económica.

Lejos de quedar superada, es en ese último supuesto -precisamente- donde la objeción constitucional que se planteó con la demanda tiene razón de ser, de modo que, en virtud del principio de congruencia, la Cámara debía determinar si la pretensión del Fisco local, de reputar como obligado al pago del impuesto del automotor a un vehículo cuyo propietario tiene domicilio fiscal en Tucumán y sancionar su falta de inscripción con la multa prevista en el artículo 292 del CTP, independientemente de que el rodado se encuentre radicado en extraña jurisdicción y de si circula efectivamente por el territorio provincial durante un lapso mayor a los treinta días que la disposición en cuestión prevé en su tercer párrafo (hecho este último -por otro lado- que en absoluto fue considerado por el Tribunal de grado, pese a constituir un presupuesto de aplicación de la norma), es compatible o no con la normativa de orden nacional reglamentaria de la registración de bienes muebles y con los límites constitucionalmente fijados a las facultades tributarias de los fiscos provinciales, que invocara el actor al iniciar el presente juicio (véase especialmente fs. 29 y 30 de autos)."

"En función de lo dicho, cabe hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia Nº 932 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 23 de septiembre de 2016, sobre la base de la siguiente doctrina legal: 'Incurre en arbitrariedad y, por ende, resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que omite valorar adecuadamente un elemento de juicio que resultaba conducente para la recta dilucidación del litigio'."

¿Cómo votaron los jueces?

los tres Vocales (Goane, Posse y Gandur) coincidieron en hacer lugar a la casación; el acuerdo fue unánime conforme al texto.