PROVINCIA DE TUCUMÁN -D.G.R.- c/ DONATO ALVAREZ S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán - D.G.R. (actora en el incidente de nulidad; recurrente en apelación).

¿A quién se demanda?

Donato Alvarez S.R.L. / apoderado letrado Pedro Segundo Cruz (acreedor beneficiario del embargo por honorarios regulados).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad del decreto que ordenó el embargo preventivo (decreto de fecha 26/04/2017) sobre fondos de la Provincia, por aplicación de la Ley provincial 8.851 que declara inembargabilidad de ciertos fondos. Se discute además la constitucionalidad de la Ley 8.851 en relación con créditos de naturaleza alimentaria (honorarios profesionales).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Provincia y se confirmó la sentencia de fecha 02/10/2017 que había rechazado el planteo de nulidad. Se impusieron las costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Este Tribunal viene sosteniendo que no corresponde evaluar los asertos del razonamiento del juzgador ni la envergadura de los fundamentos jurídicos desarrollados, ya que para la validez de la sentencia como acto procesal basta con que el razonamiento exista y permita a las partes manifestar su disenso y demostrar por medio de sus agravios los equívocos del juzgador, tal como acontece en la especie."

"Tampoco corresponde la tacha de arbitrariedad que formula el recurrente. Nuestra Excma. Corte Suprema en múltiples pronunciamientos ha manifestado que la doctrina de la arbitrariedad no ha sido concebida para rectificar sentencias que se consideran equivocadas, sino que '(...) atiende a presupuestos extremos en que se verifica un apartamiento radical de la solución prevista por la ley o bien en una absoluta carencia de fundamentación, como así también las que se sustentan en un razonamiento argumentativo que se aparte de las reglas de la sana crítica judicial, de modo tal que haga primar una solución manifiestamente contraria a la lógica y a la experiencia, conculcando ello la garantía constitucional de la defensa en juicio o de la inviolabilidad de la propiedad, a punto tal que torne destacable la invalidez del acto jurisdiccional (...)'."

"En tal sentido esta Alzada aprecia que el planteo de nulidad de cuyo rechazo se agravia el recurrente, deviene inadmisible en cuanto se sustenta en presuntos errores in iudicando, aludiendo omisión del derecho aplicable al caso, cuando la vía intentada solo puede aludir a errores in procedendo acontecidos en el tramite de la causa... El hecho de que el juicio recaiga sobre materia procesal, no significa que el pretenso error sea de actividad, pues de existir, tal error sería de razonamiento o de juicio sobre una cuestión que no era extraña a la analizada al pronunciarse anteriormente sobre la revocatoria oportunamente articulada por la contraria y por lo tanto, no podía ser revisado por la vía intentada."

Además, en forma subsidiaria se evaluó la cuestión de fondo relativa a la Ley 8.851 y su compatibilidad con créditos de naturaleza alimentaria: la Cámara compartió criterios precedentes que advierten la irrazonabilidad de un sistema que, por rigidez temporal y falta de excepciones para créditos alimentarios (como honorarios profesionales), puede vulnerar garantías constitucionales y el principio de razonabilidad (citando además pronunciamientos del Tribunal Superior provincial y de la propia jurisprudencia: "La ausencia de un tratamiento diferenciado... conduce indefectiblemente al resultado disvalioso... No existe otro camino que declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley Nº 8.851...").

No consta voto en disidencia; el bloque resolutorio confirma la sentencia apelada.