MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN c/ TELECOM ARGENTINA STET -FRANCE TELECOM S.A. s/ EJECUCION FISCAL
La Municipalidad demandó la ejecución fiscal por tributos municipales (TACIS y contribución sobre publicidad) contra Telecom Argentina. La Cámara de Apelaciones revocó la parte de la sentencia que impuso costas en contra del actor y resolvió que las costas de ambas instancias se impongan por el orden causado, fundando su decisión en doctrina de la Corte provincial sobre litigio amparado en norma vigente al inicio del pleito.
¿Quién es el actor?
Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
¿A quién se demanda?
Telecom Argentina Stet - France Telecom S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución fiscal de tributos municipales originados en la tasa TACIS y la contribución sobre publicidad y propaganda contenidos en Ordenanza 229/77 y modificatoria 3032/01.
¿Qué se resolvió?
La Cámara hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad contra el apartado II) de la sentencia de primera instancia de fecha 18/08/2017 y lo revocó, disponiendo que las costas se impongan por el orden causado tanto en primera como en alzada; reservó honorarios para su oportunidad. La decisión de fondo de primera instancia (rechazo de la ejecución por inhabilidad de título) se mantiene.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se transcriben los párrafos más relevantes de la sentencia:
“Esta Corte tiene dicho que, en materia de costas, la regulación propia de este tipo de procesos, consagra un sistema de vencimiento puro o simple, a partir del resultado global del pronunciamiento, descartándose como regla, toda valoración de la conducta de las partes o la índole de las cuestiones controvertidas (cfr. CSJT, sentencias N° 602 del 31/7/2001; N° 780 del 25/9/2001; Nº 754, del 13/8/2007). La concurrencia de supuestos de excepción que justifican apartarse del rígido principio consagrado por la normativa particular exige valoraciones de cuestiones de índole fáctica que configuren un supuesto de arbitrariedad que, en el presente caso, lucen configuradas. Es que, al momento de interponer demanda (año 2011), existían “razones probables para litigar”, pues por tal debe tenerse el haber obrado al amparo de una regla de derecho vigente y válida a esa fecha, de la cual resultaba que el supuesto de hecho sometido a examen del Tribunal, acarreaba la responsabilidad por costas del demandado. La posterior declaración de inconstitucionalidad de las normas que amparaban la conducta de la actora, no puede afectar retroactivamente la corrección de un juicio prudencial adoptado conforme circunstancias cognoscibles a ese momento, y debe considerarse subsumida en el supuesto de hecho previsto en el art. 105, inc 2) procesal civil”.
“No configura derivación razonada del Derecho vigente, ni recta aplicación del art. 105 procesal civil, la sentencia que impone las costas a quien obró amparado en una norma posteriormente declarada inconstitucional, pero vigente y válida al momento de interponer la demanda”. (cfr. sent. 1673, del 29/12/2016, en los autos “Provincia de Tucumán DGR c/ Honorato Rodrigo s/ ejecución fiscal”).
El Tribunal consideró aplicable esa doctrina al caso concreto porque la demanda fue iniciada el 26/2/2008 (sello de mesa de entradas) y la sentencia del fuero Contencioso Administrativo que declaró la inconstitucionalidad data del 27/2/2015, luego de iniciado el proceso. Por ello, las alegaciones del demandado sobre oportunidad de evaluar la inconstitucionalidad, pagos o cumplimiento tributario no bastan para apartarse del criterio señalado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
arts. 105 inc. 1 y 107 del Código Procesal (se menciona también art. 298 en la impugnación de la actora respecto de hecho nuevo posterior a probanzas, pero la Cámara aplica la doctrina de la CSJT).
¿Cómo votaron los jueces?
El fallo no expresa voto en disidencia; el acuerdo del Tribunal dispone la revocación del apartado II) y la imposición de costas por el orden causado.
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