DUMIT CARLOS JORGE Y OTRA c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE EJECUCION DE SENTENCIA PROMOVIDO POR EL COACTOR CARLOS JORGE DUMIT
El coactor reclamó pago de diferencias previsionales y ejecución de sentencia contra la Provincia de Tucumán. La Corte hizo lugar al recurso de casación de la Provincia respecto de la aplicabilidad de la Ley Nº 8.851 y, en subsidio, declaró la inconstitucionalidad para el caso de los arts. 2 y 4 (último párrafo) de la Ley Nº 8.851 y del art. 2 del Decreto Nº 1.583/1 (FE), por afectar el crédito alimentario del actor.
¿Quién es el actor?
Carlos Jorge Dumit (coactor ejecutante), jubilado (80 años).
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
ejecución de sentencia y cobro de diferencias previsionales reconocidas por sentencia firme (crédito alimentario); incidente de ejecución de sentencia.
¿Qué se resolvió?
I) Se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la Provincia en cuanto a la aplicabilidad de la Ley Nº 8.851 al caso, con devolución del depósito y costas por su orden; se protocolice el dictamen fiscal.
II) Se hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad interpuesto por Carlos Dumit y, en consecuencia, se declaró la inconstitucionalidad, para el caso, de los artículos 2 y 4 (último párrafo) de la Ley Nº 8.851 y del artículo 2 del Decreto Nº 1.583/1 (FE), con costas por su orden. Reserva de regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De la recta lectura de la cláusula transitoria del artículo 9 de aquella ley, se sigue indefectiblemente que cuando en su última parte alude a “ejecuciones válidas, firmes y consentidas”, no puede sino entenderse que se está refiriendo a la sentencia de trance y remate firme y consentida, ya que al ser tal acto jurisdiccional el que ordena llevar adelante la ejecución, no cabe la menor duda -por tal motivo- que se identifica ineludiblemente con los vocablos “ejecuciones válidas, firmes y consentidas” consignados en la mentada norma.
Por lo tanto, en la inteligencia de esta última disposición, para que el caso no quede aprehendido en los términos de la Ley Nº 8.851, es necesario que el ejecutante hubiera obtenido sentencia de trance y remate -que esté firme- con anterioridad a la vigencia de dicha ley, porque de no ser así (como en el supuesto de autos en el que la sentencia de trance es posterior a la fecha de vigencia de la ley, según se vio), su acreencia queda alcanzada por la inembargabilidad establecida en ella y, por consiguiente, al margen de la inaplicabilidad establecida en la cláusula 9."
"Es que si el crédito del coactor Dumit ejecutado en la causa es de naturaleza alimentaria, va de suyo que la fecha de su cobro no puede quedar sujeta a una pauta que sólo se atiene estrictamente a la antigüedad de la planilla firme, sin tomar en consideración una situación especial como la naturaleza alimentaria de su acreencia. De allí que la ausencia de un tratamiento diferenciado al que la Ley y su Decreto reglamentario someten a las deudas del estado, sin aprehender una circunstancia atendible como la de marras, conduce indefectiblemente al resultado disvalioso de que, en la práctica, se vean satisfechas primeramente obligaciones que no participan de las condiciones necesarias para merecer un despacho preferente, en desmedro de otras -como la que nos ocupa-, que sí ostentan tales características.
Por lo tanto, ante la omisión de previsión en la legislación en examen de una excepción al principio general establecido en aquella para ordenar temporalmente el pago de las deudas, que tome en consideración la naturaleza alimentaria del crédito impago, no existe otro camino que declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 4 de la Ley Nº 8.851..., del artículo 2 del Decreto Nº 1.583/1 (FE), del 23/5/2016, y del artículo 2 de la precitada Ley Nº 8.851 (en cuanto consagra la inembargabilidad de los fondos...),"
"En suma; no parece discutible que, en el sub examine, teniendo en cuenta las particulares circunstancias anteriormente señaladas, las normas legales en cuestión que obstaculizan el embargo de los recursos del estado, traducen una afectación irrazonable a su crédito alimentario y, por ende, lesiva al derecho de propiedad que le asiste."
¿Cómo votaron los jueces?
voto mayoritario del Dr. René Mario Goane (preopinante), adhesión de la Dra. Claudia Beatriz Sbdar y del Dr. Daniel Oscar Posse (acuerdo unánime en lo dispositvo).
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