CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN c/ CAJAL ADRIANA BEATRIZ Y OTRO s/ COBROS (SUMARIO)

¿Quién es el actor?

Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán.

¿A quién se demanda?

Adriana Beatriz Cajal (fallecida) y Alberto Rafael Darnay (codeudor).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro por saldo impago de tarjeta de crédito.

¿Qué se resolvió?

Se declaró la nulidad de la citación y del traslado de la demanda ordenados en la providencia de fecha 24/2/2004 respecto de Adriana Beatriz Cajal y de todos los actos que sean su consecuencia; se dejó subsistente la citación del codemandado Alberto R. Darnay y su contestación; se ordenó al a quo proveer lo pertinente para la correcta integración de la litis respecto de la sucesión; se impusieron las costas a la actora; se reservaron honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De las constancias de autos surge que el fallecimiento de la demandada Adriana Beatriz Cajal ocurrió con anterioridad a la promoción de esta demanda por cobro de pesos. Siendo así, el acto procesal del traslado de la demanda y todos los actos posteriores, han alterado la estructura esencial del procedimiento con lesión al derecho de defensa, por lo que la nulidad resulta susceptible de ser declarada aún de oficio (art. 167 del CPCC)."

"Es que si bien la ley procesal contempla el supuesto de que alguna de las partes falleciera después de trabada la litis y durante la tramitación de la causa, estableciéndose el procedimiento a seguir (art. 58 procesal), tal procedimiento no resulta aplicable cuando el hecho del fallecimiento ha ocurrido antes de deducirse la demanda. En tal caso, la acción no puede estar dirigida contra una persona que ya no existe, ni puede válidamente cumplirse ningún acto procesal a su respecto. Cabe recordar que conforme el Código Civil, la existencia de las personas, su personalidad, su aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, cesa con la muerte (art. 103 CC.). Resulta lógico, en consecuencia, que el acreedor que quiere deducir su acción contra el deudor fallecido, deba identificar quienes ocupan el lugar del causante, y accionar contra ellos como sujetos pasivos de la relación procesal. En consecuencia, las notificaciones e intimaciones deben efectuarse en el domicilio real de cada uno de los herederos, a fin de proseguir por esa vía y trámite la acción, para satisfacerse con el acervo hereditario."

"No cambia la conclusión precedente la circunstancia de que se hayan apersonado al proceso los herederos, pues si bien es cierto que el legislador –con arreglo al principio dispositivo– deja preferentemente a disposición del interés de las partes el control del procedimiento y la regularidad y validez de los actos cumplidos, ello no significa que las partes o el órgano jurisdiccional, aún con el consentimiento de aquellas, pueden crear nuevas formas de trámite, es decir, modos propios de sustanciar las causas, alterando las estructuras de las distintas clases de procesos. En el caso, tanto en la forma de su citación (citación a apersonarse en la causa en dos días, sin correrles traslado de la demanda) como al decretarse su apersonamiento, exigiéndoles erróneamente la autorización del sucesorio, se ha afectado gravemente el derecho de defensa de Hernán Julio Colombo y Julieta Eleana Colombo."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por dos miembros del Tribunal con coincidencia de votos (María del Pilar Amenábar y María Dolores Leone Cervera), constituyendo la mayoría que resolvió conforme el dispositivo. No consta voto en disidencia.