CORTES JUAN EDUARDO c/ DISCO S.A Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
El actor promovió demanda por daños y perjuicios por trato vejatorio y afectación al honor tras un procedimiento de seguridad en un supermercado. La Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia y condenó a Disco S.A. y a la Empresa de Seguridad Privada Elite al pago de $15.000 más intereses por daño moral, con costas a las demandadas.
¿Quién es el actor?
JUAN EDUARDO CORTES, D.N.I. 8.285.589.
¿A quién se demanda?
DISCO S.A. y EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITE.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por daño moral y psicológico por acusación pública de hurto, conducción y revisación forzada en el supermercado el 14/6/2002.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de apelación y se revocó la sentencia de primera instancia; se dictó sentencia sustitutiva condenando a las demandadas al pago de $15.000 con intereses desde el 14/6/2002, costas a las demandadas y difiriendo regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Frente a esta conducta, la demandada nada hizo y se limitó a negar los hechos (contestación de la carta documento acompañada a fs. 9), y a cuestionar la prueba ofrecida por el actor, realizando una disquisición acerca de que fue la parte actora la que solicitó ser revisada e impugnando, sin mayores argumentos, los testimonios rendidos (fs. 210/212), cuando la realidad es que los testigos fueron contestes en el sentido que, aproximadamente a hs. 13, estaban en el supermercado cuando dos miembros de seguridad interceptaron a Cortes porque, según decían los vigilantes, había robado algo del comercio y que luego fue retenido y conducido hacia el fondo del establecimiento a efectos de revisarlo, en medio de la gente que se encontraba concentrada en derredor.
Y más allá de los cuestionamientos que realizan los demandados, la realidad es que no ofrecieron en cambio elemento alguno de prueba que permita afirmar que el hecho no ocurrió en sus instalaciones o que haya sucedido de una manera distinta a la narrada por la actora. Tal actitud no puede ser premiada desde que violenta el principio de protección del consumidor y el principio de la buena fe (art. 1198 C. Civil).
Por ello, y sin desconocer que el "quantum" de esta indemnización, más que cualquier otro queda librado a la discrecionalidad del órgano judicial, conceptúo que la cifra de $15.000 reclamada resulta proporcional al daño infringido. A dicho monto, corresponde añadir los intereses resultantes de aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del BCRA, desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago de la indemnización acordada."
¿Cómo votaron los jueces?
La sentencia se apoyó en los fundamentos de la Sra. Vocal Marcela Fabiana Ruiz (preopinante) y la Sra. Vocal Laura A. David adhirió; acuerdo por mayoría de 2 votos conforme al art. 23 bis LOJP.
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