DANONE ARGENTINA S.A. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- s/ NULIDAD / REVOCACION

¿Quién es el actor?

El letrado Federico José Adolfo Colombres, por sus propios derechos.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (a través de las cuentas abiertas en el Banco del Tucumán).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Solicitud de embargo preventivo/ejecutor por $6.125.680 (equivalente al 80% de honorarios regulados) respecto de fondos de la Provincia en el Banco del Tucumán, con fundamento en la ejecutabilidad de sentencias.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar, por ahora, a la solicitud de embargo formulada el 28/09/2023.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"IV.- El art. 81 CPA (modificado por Ley N° 9.608), establece que en el caso de sentencias que condenen al pago de sumas de dinero se aplicarán -en lo pertinente- las normas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial (Ley N° 9531) para los procesos ejecutivos, sin perjuicio de lo dispuesto -en su caso y en relación al Estado- en la Ley N° 8851.

La remisión nos conduce al Libro Cuarto -“Procesos de Ejecución”-, Título I -“Juicio Ejecutivo”- del nuevo CPCCT (Ley N° 9.531, con sus modificatorias), proceso que puede decirse -sucintamente- se compone de una de una sentencia monitoria ejecutiva y una posterior sentencia de remate. Entendemos que la reforma de la Ley N° 9.608 ha perseguido el deliberado propósito de que las ejecuciones del fuero contencioso administrativo se ajusten -en lo pertinente- al trámite del Juicio Ejecutivo (arts. 565 al 600 del nuevo CPCCT) y no al trámite previsto para el Cumplimiento de Sentencias Definitivas, regulado (por separado) en el Título II, Capítulo 1 del nuevo CPCCT.

Tal razonamiento deriva del empleo de la fórmula “procesos ejecutivos” que emplea el artículo 81 CPA, terminología que se vincula con el nombre del Título I del Libro Cuarto del nuevo CPCCT (“Juicio Ejecutivo”). En este punto parece razonable reflexionar que si la remisión hubiera querido dirigirse al Título II (“Cumplimiento de Sentencias Definitivas”), el legislador hubiera utilizado otros términos que direccionen al intérprete hacia aquél Título, de manera más explícita, lo que no aconteció.

Por otro lado, y en las concretas circunstancias del caso, no puede pasar por alto que lo que el letrado Colombres pretende ejecutar no es una sentencia definitiva, sino una auto regulatorio de honorarios. En consecuencia, no tratándose del supuesto regulado en el art. 601 del nuevo CPCCT, no se advierte que puedan aplicarse los efectos jurídicos que para dicho supuesto contempla la disposición. Esto más allá de lo ya señalado en cuanto al trámite que resulta aplicable al caso."

"V.- Sentado lo anterior, el proceso monitorio ejecutivo al cual remite el art. 81 CPA no se encuentra vigente todavía, en virtud de la disposición transitoria contenida en el art. 822 del nuevo CPCCT, la cual remite -hasta tanto se produzca la entrada en vigencia- a las normas del juicio ejecutivo de la Ley N° 6.176 (viejo CPCCT). En forma coherente, el art. 827 del nuevo CPCCT prescribe que al entrar en vigencia dicho Código, quedarán derogadas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a lo allí dispuesto, en especial la Ley N° 6176 y sus modificatorias, “...con la excepción dispuesta por el art. 822…”.

En definitiva, el nuevo CPCCT ha otorgado vigencia ultraactiva a las normas del juicio ejecutivo contenidas en el viejo CPCCT, hasta tanto entre en vigencia el proceso monitorio ejecutivo regulado en los artículos 565 al 600 del nuevo CPCCT, lo que todavía no ha acontecido.

En virtud de ello, la remisión del art. 81 CPA debe considerarse efectuada a las normas del juicio ejecutivo contenidas en el viejo CPCCT.

Tal es el temperamento que ha adoptado este Tribunal en la totalidad de los procesos de ejecución traídos a su conocimiento, desde la entrada en vigencia del nuevo CPCCT y de la Ley N° 9.608, modificatoria del art. 81 CPA."

"VI.- Así las cosas, teniendo en cuenta que el letrado ejecutante no intimó de pago a la ejecutada, y tampoco obtuvo sentencia de trance a su favor en los términos de la Ley N° 6.176 (artículos 492 y 493), no cabe la posibilidad de dar curso a la petición como embargo ejecutorio.

Por otra parte, en el supuesto de que la petición sea considerada como de embargo preventivo, no se verifica el requisito de peligro en la demora, condición insoslayable para el despacho de este tipo de medidas.

En relación al punto, resulta dable señalar que la eventual insolvencia en que pueda caer el deudor como responsable no ha sido acreditada en autos, ni tampoco es dable inferirla, sino que por el contrario el Estado goza de presunción de solvencia. A ello se suma que la inmovilización de los fondos constituye una medida más gravosa para el embargado que beneficiosa para el embargante, salvo casos de demostrado peligro en la demora, pues no beneficia en forma inmediata al pretenso acreedor al ser una decisión sólo preventiva y esencialmente provisoria, que sólo genera la inmovilización de fondos, sin destino útil para las partes, cupiendo poner de resalto que más allá de contar con sentencia de regulación de honorarios (Sentencia N°422 del 10/05/2023) e inconstitucionalidad de la Ley Nº 8851 con los alcances previstos en Sentencia N° 897 del 13/09/2023, lo cierto es que al no haber recaído resolución en el proceso de ejecución, ni en el hipotético supuesto de accederse a la cautelar podría el acreedor disponer inmediatamente de los fondos retenidos.

Por todo lo expuesto, la medida cautelar debe ser rechazada, por ahora."

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución final (bloque dispositivo) es la que se aplica; no se detectan votos en disidencia consignados en el texto suministrado.