CERVANTES JULIA ANTONIA c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -MINISTERIO DE EDUCACION- s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Julia Antonia Cervantes (actora).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán - Ministerio de Educación.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reparación por daño moral y publicación de la sentencia a raíz de la separación del cargo y la prolongación del sumario administrativo; se solicitó indemnización (la Cámara fijó $80.000).

¿Qué se resolvió?

La Corte, por mayoría, rechazó el agravio relativo a la valoración de la prueba y confirmó la procedencia del daño moral y la condena. Sin embargo hizo lugar parcialmente al agravio relativo a la prescripción del procedimiento de pago: casó parcialmente el punto dispositvo II de la sentencia de Cámara que imponía pago en 30 días y la tasa de interés señalada, por falta de fundamentación respecto de la inaplicabilidad de la Ley Nº 8.851 y su Decreto Reglamentario; remitió los autos a la Cámara para nuevo pronunciamiento sobre esa cuestión. Costas por el orden causado; regulación de honorarios reservada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La Ley Nº 8.851 dispone en su art. 3 que 'Art. 3°. “Los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Provincial, a los Entes y Organismos Centralizados y Descentralizados, a los Entes Autárquicos del Estado Provincial, a las sociedades con participación estatal mayoritaria, a los entes u organizaciones empresarias o societarias donde el Estado Provincial o sus entes de cualquier naturaleza tengan participación total o parcial, al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Pública Provincial y hasta su agotamiento, sin perjuicio del mantenimiento de los regímenes de consolidación de deudas previstos en las normas vigentes'."

"La sentencia impugnada, al decidir que 'el monto del daño reconocido deberá ser abonado en el término de 30 días corridos desde que quede firme el pronunciamiento (cfr. artículo 80 del Código Procesal Administrativo), y en caso de que tal suma no sea abonada en el plazo señalado, a partir del día siguiente de vencidos los treinta días de aprobada la liquidación, se devengarán intereses conforme tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta su efectivo pago', no se encuentra suficientemente fundada ya que no expresa las razones por las cuales otorga tanto el referido plazo como el apercibimiento, ni bien se advierte que en la Ley Nº 8.851 ... y su decreto reglamentario se prevé un registro de sentencias y el pago de la condena 'dentro de las autorizaciones del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Pública Provincial' (art. 3) y que 'Fiscalía de Estado realizará un cálculo estimativo de intereses en función de la proyección de la fecha estimativa de pago' (art. 3 decreto 1583/1)."

"El déficit de fundamentación apuntado impide considerar al pronunciamiento impugnado como una derivación razonada del derecho vigente ... Tal déficit del fallo determina su descalificación parcial como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia ... En virtud de todo lo expuesto, y sin que lo resuelto implique en modo alguno orientar el nuevo pronunciamiento, corresponde Hacer Lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto y consecuentemente Casar la sentencia impugnada, punto dispositivo II en cuanto dispone que los montos por los que se condena a la demandada deberán ser abonados en el término de 30 días corridos ... y en caso de que tales sumas no sean abonadas ... se devengarán intereses ... sin expresar las razones por las cuales no aplica la Ley Nº 8.851 ni su Decreto Reglamentario, en base a la siguiente doctrina legal: 'Es arbitraria y, por ende, nula, la sentencia que sin fundamentos determina la tasa de interés aplicable y el plazo para el pago de una sentencia condenatoria contra el Estado Provincial, sin expresar las razones por las cuales no sería aplicable la ley 8851 y su Decreto Reglamentario'."

¿Cómo votaron los jueces?

la sentencia fue acordada por mayoría; los Dres. Claudia B. Sbdar (voto preopinante), René M. Goane y Daniel O. Posse adhirieron; no consta disidencia.