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Cámara de Apelaciones

PROVINCIA DE TUCUMAN -DGR- c/ AID RUBEN ARMANDO s/ EJECUCION FISCAL

El letrado ejecutante promovió incidente de inconstitucionalidad respecto de la aplicación de la Ley provincial 8851 en una ejecución fiscal para cobrar sus honorarios. La Cámara hizo lugar al recurso de apelación y modificó la sentencia de primera instancia imponiendo las costas incidentales y las de la instancia a la parte actora por resultar vencida, fundando la decisión en los arts. 60, 61 y 62 del CPCC.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 1 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 1
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
7822/11
Ejecucion fiscal Inconstitucionalidad Ley 8851 Costas Principio de la derrota Cpcc arts. 60 61 62 Traslado Silencio de la actora Embargo de honorarios Apelacion.

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán - DGR (actora en la ejecución fiscal).

¿A quién se demanda?

AID Rubén Armando (ejecutor de honorarios a través del letrado José María Martínez Marconi actuando por derecho propio).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución fiscal/ejecución de honorarios y planteo incidental de inconstitucionalidad de la Ley provincial 8851 para posibilitar el embargo solicitado.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el letrado Martínez Marconi y se modificaron las sentencias de fecha 27/10/2023 y su aclaratoria del 01/12/2023 en el sentido de adicionar pronunciamiento sobre costas: COSTAS incidentales a la parte actora y costas de esta instancia a la parte actora. Se reservaron honorarios para oportunidad procesal. (Arts. 61/62 CPCC aplicados).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Es claro que ante el planteo del letrado que pretende ejecutar sus honorarios en contra de la actora Provincia de Tucumán DGR se erigía el valladar que impuso la Ley 8851, y también es claro que tal obstáculo determinó la necesidad de plantear la inconstitucionalidad de tal norma por parte de Martínez Marconi."

"El resultado obtenido llevaba inexorablemente a la aplicación de lo normado por el art. 60 del CPCC : toda sentencia interlocutoria que decida un artículo, debe contener decisión sobre el pago de las costas y en el contexto descripto; a la aplicación del art. 61 procesal : la parte vencida en un incidente será siempre condenada a pagar las costas aunque no mediare petición expresa."

"En definitiva, la cuestión constitucional se sustanció y en el incidente hubo una parte vencedora y una vencida, lo que amerita la expresa imposición de costas a ésta en virtud de lo normado por el art. 61 del CPCC, lo que así debió decidirse."

(No constan votos en disidencia en el acuerdo; el dispositivo final expresa la decisión de la mayoría.)

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