GARCIA RICARDO ERNESTO Y OTRO c/ ACHA SANJINES JAVIER s/ SUMARIO (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

GARCIA RICARDO ERNESTO y otro (apoderado: letrado Nicolás Mirande).

¿A quién se demanda?

Acha Sanjinés Javier (representado por letrado Adrián Zerdán).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicitó la imposición de una sanción/multa contra el demandado por violar la medida cautelar de no innovar (auto de fecha 10/05/2023) que ordenaba abstenerse de modificar el estado de los inmuebles ubicados en Mendoza 2800, Country Veraterra, Yerba Buena; se aportó acta notarial y publicaciones que ofrecían los inmuebles en alquiler temporario y se alegó la realización de al menos 20 locaciones.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación y se revocó la sentencia de fecha 16/11/2023 que había rechazado la multa; en su reemplazo se impuso al demandado una multa equivalente a 5 consultas escritas de abogado ($ 1.750.000). Se imponen las costas al demandado; honorarios se resolverán oportunamente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De la prueba documental acompañada por el actor, en particular, del acta notarial que da cuenta de las publicaciones alegadas ofreciendo en alquiler el inmueble objeto de la presente litis en las páginas web allí indicadas, se advierte que efectivamente tal como lo sostiene ha quedado acreditada de manera irrefutable la conducta desaprensiva de la parte demandada, quien incumplió la medida de no innovar que le impide modificar la situación de hecho y de derecho existente respecto de los inmuebles detallados. En efecto, el solo ofrecimiento en alquiler temporario de los mismos -que incluso el propio demandado pareciera reconocer en su responde de los agravios- y mas allá que al menos indiciariamente surge probado que efectivamente fue entregada en locación, claramente importa violación a la orden judicial impartida por el Sr. Juez de grado, que modifica el estado de hecho y/o de derecho de los bienes ante la ocupación -o su posibilidad- de los mismos por terceros, con grave riesgo y eventuales perjuicios que ello conllevaría, pudiendo tornar de cumplimiento imposible la sentencia definitiva, la que por lo demás ya ha sido dictada en autos principales en fecha 21/11/2023 donde se ordena la restitución del inmueble al actor, sin perjuicio de hallarse recurrida."

"De modo que la conducta del demandado encuadra en los supuestos normados por los arts 23 y 25 CPCC referidos a los casos de abuso procesal, temeridad o mala fe, donde se establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos procesales, considerando como tal la conducta que exceda los límites impuestos por la buena fue, la moral y las buenas costumbres. En tanto que, el art. 24 del referido digesto determina que son deberes de las partes, entre otros: 'proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos los actos e intervenciones' (inc. 2); 'guardar respeto al Tribunal' (inc. 4); y 'concurrir ante el Tribunal cunado este los cite y acatar sus órdenes en las actuaciones judiciales' (inc. 5)."

"En lo tocante a su cuantía, considerando que las sanciones impuestas deben ser proporcionales a la conducta que se le reprocha y a la entidad de sus consecuencias, observándose una regla de gradualidad y proporcionalidad en su imposición, en las concretas circunstancias de autos se pondera adecuado fijarla en el equivalente a 5 consultas escritas de abogado ($ 1.750.000) (art. 26 CPCCT)."

¿Cómo votaron los jueces?

la sentencia fue dictada por coincidencia de votos de dos miembros del Tribunal; no se registra disidencia.